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Quieren legalizar los hongos alucinógenos en EU

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Cinco años de mariguana recreativa legal en Colorado han dado alas a un grupo de residentes de la capital, Denver, para soñar con una ciudad donde cultivar y consumir hongos alucinógenos no sea un delito.

Los promotores de la Iniciativa Psilocibina Denver han consumado con notable éxito un primer paso hacia ese edén, como es superar con creces el número de firmas necesarias para poder someter la cuestión a consulta popular en las elecciones locales de mayo próximo.

Esta semana, representantes de la iniciativa presentaron ante la División Electoral de Denver más de 8 mil firmas de respaldo (solo se requieren 4 mil 726 válidas) para preguntar al votante si está de acuerdo con despenalizar el consumo y posesión de hongos alucinógenos, clasificados por el Gobierno federal como una ‘droga ilegal’.

¿Por qué no ahora y por qué no en Denver?», se preguntó Kevin Matthews, promotor de la campaña que busca convertir a la capital de Colorado en la primera ciudad estadunidense que legalice los hongos con psilocibina, el componente psicoactivo presente en más de 200 especies de setas.

Denver es una metrópolis robusta, abierta y progresista que históricamente ha sido una ciudad líder en Estados Unidos en cuanto a reformas de leyes sobre drogas», recalcó Matthews, que recordó que aun cuando las agencias federales califican como ilegal a la mariguana se pudo legalizar en 2012 su consumo recreativo en Colorado.
El promotor defiende el potencial de los hongos con psilocibina como método alternativo para terapias contra la depresión o desórdenes mentales, que pueden resultar más efectivos que el «enfoque farmacéutico tradicional».

Se estima que uno de cada seis estadunidenses toma medicamentos psiquiátricos, y vemos en todo el país una evidente epidemia de abuso de medicamentos recetados», resaltó Matthews.

Los defensores de las propiedades curativas de los hongos, así como de su capacidad para expandir la consciencia, aluden a diversos estudios científicos para sustentar los beneficios del cultivo.

De igual manera, surgen conocidos nombres en esta materia como el psicólogo clínico estadunidense Timothy Leary, quien en la década de 1960 condujo experimentos a base de LSD en la Universidad de Harvard, de la cual luego fue expulsado, o al etnobotanista Terence McKenna, quien lanzó la hipótesis de que el tránsito del Homo erectus al Homo sapiens pudo suceder por el consumo de psilocibina.

Nadie debería enfrentar cargos criminales o ir a la cárcel, y potencialmente perder su familia y su empleo, por una sustancia que ocurre naturalmente, que tiene beneficios médicos y que no es adictiva», alegó Matthews.
El promotor, que describe los hongos alucinógenos como «medicina de fuente abierta» y «transformativa», confía en que tras la mariguana habrá luego una «reintegración responsable» de las setas «a nuestra cultura» a través de dispensarios o paneles de expertos.

Pero para que sea aceptado «el nuevo paradigma sobre los hongos», además de nuevas investigaciones científicas será necesaria, dijo, una campaña de educación pública, similar a la que Colorado implementó con respecto a la mariguana recreativa.

Nos complace tener el privilegio, la oportunidad y la responsabilidad de lograr que algo que antes era tabú sea ahora un tema de debate público», defendió Matthews, quien además se confesó honrado del «abrumador respaldo» que ha recibido la iniciativa que encabeza.

Los promotores deberán esperar primero la positiva verificación de firmas y luego los resultados de las elecciones del 7 de mayo para descubrir qué recepción recibe la propuesta.

Por lo pronto, saben que no son los únicos.

En diciembre pasado, la llamada Sociedad de Psilocibina de Oregón inició una campaña para incluir también en las papeletas de votación de 2020 una propuesta para legalizar los hongos psicodélicos en ese estado.

Estamos en un momento único y crítico en la historia de nuestra nación», avisó Matthews.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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