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México

Falta identificar 52 restos de la tragedia en ducto de Tlahuelilpan

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El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Alejandro Habib Nicolás, informó que aún se tiene pendiente identificar 52 restos de víctimas cuyos cuerpos se carbonizaron durante la explosión de la toma clandestina de Tlahuelilpan, el 18 de enero.

El ombudsman estatal explicó que inicialmente se contaba con 68 restos por identificar, de los cuales 16 ya fueron entregados a sus familiares, quedando pendiente la identificación de 52 restos.

Eran 68 restos, se entregaron 16 a sus familiares y son 52 los que restan por identificar. Coinciden con el número de personas desaparecidas o no localizadas con respecto al mismo incidente, dijo en entrevista telefónica para Excélsior.

El ombudsman resaltó que –de acuerdo a lo que la he informado la PGJH- la identificación de los restos que se tienen pendientes puede demorar otros seis meses más, derivado del grado de carbonización con que se hallaron, lo que ha complicado esclarecer las identidades.

No descarto, con la experiencia con que cuento, que se tenga que solicitar el apoyo a instancias internacionales, porque es muy complicado la identificación por el grado de carbonización”.

Habib Nicolás añadió que por la tragedia ocurrida el 18 de enero, ningún familiar inició una queja, aunque no descartó que se inicie con posterioridad, si estos así lo consideran necesario.

Los familiares para nosotros son considerados como victimas indirectas del evento. Seguiremos al pendiente de que cualquier familiar quiera iniciar alguna queja y estaremos observando por las victimas indirectas”.

Al último informe del gobierno estatal, además de los 52 restos por identificar, por la desgracia de Tlahuelilpan han fallecido 135 personas, mientras que ocho más continúan en hospitales.

Excelsior

México

Sheinbaum responde a Trump y rechaza señalamientos sobre control del narcotráfico

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió no reaccionar a cada declaración del mandatario estadounidense Donald Trump, luego de que este reiterara durante la Cumbre del G7 en Francia que México está controlado por los cárteles del narcotráfico.

Durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que Trump tiene una forma particular de comunicar sus mensajes y consideró que lo importante es el trabajo que realiza su administración en materia de seguridad.

Sheinbaum sostuvo además que el presidente estadounidense no cuenta con información precisa cuando realiza este tipo de acusaciones. Recordó que ya le ha expresado personalmente que las instituciones mexicanas funcionan y que el Estado mexicano mantiene su presencia y operación en todo el país.

La titular del Ejecutivo señaló que, durante una reunión celebrada en mayo con el senador estadounidense Markwayne Mullin en Palacio Nacional, se abordó el tema de los grupos criminales y se destacó el papel de las instituciones de seguridad mexicanas.

Como ejemplo, mencionó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien sobrevivió a un atentado perpetrado por un grupo criminal en 2020 y continuó en el servicio público. También destacó la labor del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

La presidenta subrayó además los resultados de la estrategia de seguridad de su gobierno. Entre ellos, mencionó una reducción de 46 por ciento en los homicidios dolosos y una disminución de 70 por ciento en el ingreso de fentanilo a Estados Unidos por vía terrestre.

Asimismo, hizo referencia al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo realizado por el Ejército mexicano en febrero pasado.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen en medio de un escenario de tensiones entre México y Estados Unidos en temas de seguridad y comercio, mientras Trump ha insistido en diversas ocasiones en que los cárteles ejercen control sobre territorio mexicano.

El contexto también incluye las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas.

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