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Denunciarán presunto lavado en promocional

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El gobierno de la República denunciará este viernes en punto de las 10 de la mañana ante la Fiscalía de Delitos Electorales a toda la red de empresas que participaron presuntamente en el financiamiento del documental Populismo en América Latina, elaborado con la intención de dañar la figura del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al inicio del pasado proceso electoral.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el principal orquestador de la campaña negra contra López Obrador fue Jesús Quintero Íñiguez, expublicista de Enrique Peña Nieto y accionista junto con sus hermanos de las empresas Grupo TV Promo y TV Promo, a las cuales se les vincula con el Bufete de Proyectos Información y Análisis —identificado como una posible empresa fachada— y mismo que habría servido para desviar recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano hacia las campañas políticas del PRI durante el tiempo en que fueron encabezadas por Rosario Robles Berlanga, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Nieto Castillo también reveló que La División fue la realizadora del documental y es propiedad de la empresa Piña Digital, la cual tiene como accionista principal a Javier García Mata, productor del documental y quien guarda cercanía con Quintero Íñiguez.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera reveló que la empresa Conaxis, especializada en tecnología digital, recibió del Consejo Mexicano de Negocios más de 96 millones de pesos de julio a septiembre de 2017, previo al arranque del año electoral federal con el propósito de financiar la campaña negra en contra del hoy jefe del Ejecutivo federal.

“Se identificó por el lado del bufete de proyectos de información que recibió 186 millones de pesos provenientes de OHL México”, apuntó Nieto Castillo.

Además, se ubicaron “dos millones 500 mil pesos aproximadamente provenientes de la coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad del gobierno del Estado de México sin aparente justificación” y los cuales fueron recibidos por el bufete citado, quien entregó recursos a las mismas empresas señaladas de elaborar el documental del populismo, precisó el funcionario al presentar la la investigación.

En la denuncia que se presentará también por lavado de dinero, se detalla que Conaxis envió a la empresa Piña Digital, 18 millones 500 mil pesos durante el periodo de julio a agosto del 2017.

Además de acudir ante la fiscalía electoral y la unidad en contra del lavado de dinero, el gobierno de la República dará vista al Instituto Nacional Electoral (INE) para que, en su caso, proceda a aperturar otras indagatorias por delitos electorales.

De acuerdo con el Presidente de la República, su intención no es vengarse de quienes lo atacaron en la pasada contienda electoral.

Más bien, busca que “los mapaches electorales la piensen mejor” porque de ahora en adelante los fraudes electorales y la corrupción serán delito grave sin derecho a fianza.

“Esto, la verdad que ni siquiera es porque se trate de un agravio a nosotros, no es venganza, es ponerlo de ejemplo, porque ilustra, hacia adelante, pero no es el propósito, para nada, vengarnos”, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa en Palacio Nacional (…) lo interesante es la información sobre las cuentas, sobre el manejo del dinero, el patrocinio, eso es lo interesante”.

En tanto, la misma empresa Conaxis depositó a favor de Martha Matilde Mejía Montes 34 millones de pesos que debía entregar a Alejandro Jesús Quintero Íñiguez la cantidad de 418 mil dólares durante diciembre de 2017 y enero de 2018.

Las investigación encabezada por Nieto Castillo también reveló que el Bufete de Proyectos, Infomación y Análisis envió 47 millones de pesos entre abril y julio de 2017 a Grupo TV Promo, empresa de Alejandro Quintero Iñiguez, expublicista del expresidente Enrique Peña Nieto.

Excelsior

México

Sheinbaum aclara llamado de atención a diputados durante gira en Baja California

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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó este lunes el motivo del llamado de atención que dirigió a varios diputados durante su reciente gira de trabajo en Baja California, escenas que se difundieron ampliamente en redes sociales.

La mandataria federal señaló que el momento ocurrió cuando se retiraba de un evento y fue abordada por legisladores que le solicitaron tomarse fotografías. Indicó que consideró inapropiado acceder a esa petición debido al contexto en el que se encontraba, frente a una comunidad con carencias importantes.

Sheinbaum Pardo relató que la insistencia por las fotografías no correspondía con la situación que se vivía en el lugar. Explicó que su reacción obedeció a la necesidad de mantener coherencia entre el acto público y las condiciones de la población presente, lo que derivó en su molestia.

Al referirse a lo que expresó a los diputados en ese momento, la presidenta precisó que su mensaje fue un exhorto a mantener cercanía con la ciudadanía. Señaló que pidió a los legisladores no limitar su labor al trabajo legislativo en el Congreso, sino acudir al territorio y estar en contacto directo con la gente, especialmente en comunidades con necesidades relevantes.

Indicó que este llamado fue dirigido a representantes del movimiento político al que pertenece, al considerar que uno de sus principios fundamentales es la cercanía con la población y la atención a quienes enfrentan mayores carencias.

Sheinbaum afirmó que mantiene un agradecimiento permanente hacia diputadas, diputados, senadoras y senadores por el trabajo legislativo realizado, al destacar la aprobación de reformas que calificó como relevantes para el país. No obstante, reiteró la importancia de que los representantes populares mantengan una relación directa con la ciudadanía y atiendan de manera prioritaria a los sectores más vulnerables.

La presidenta realizó la gira en San Quintín, Baja California, donde presentó el Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas. Posteriormente se dio el episodio con los legisladores. Previo a ello, también fue abordada por pobladores y trabajadores que solicitaron la salida de la alcaldesa Miriam Cano Núñez.

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