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Denunciarán presunto lavado en promocional

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El gobierno de la República denunciará este viernes en punto de las 10 de la mañana ante la Fiscalía de Delitos Electorales a toda la red de empresas que participaron presuntamente en el financiamiento del documental Populismo en América Latina, elaborado con la intención de dañar la figura del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al inicio del pasado proceso electoral.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el principal orquestador de la campaña negra contra López Obrador fue Jesús Quintero Íñiguez, expublicista de Enrique Peña Nieto y accionista junto con sus hermanos de las empresas Grupo TV Promo y TV Promo, a las cuales se les vincula con el Bufete de Proyectos Información y Análisis —identificado como una posible empresa fachada— y mismo que habría servido para desviar recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano hacia las campañas políticas del PRI durante el tiempo en que fueron encabezadas por Rosario Robles Berlanga, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Nieto Castillo también reveló que La División fue la realizadora del documental y es propiedad de la empresa Piña Digital, la cual tiene como accionista principal a Javier García Mata, productor del documental y quien guarda cercanía con Quintero Íñiguez.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera reveló que la empresa Conaxis, especializada en tecnología digital, recibió del Consejo Mexicano de Negocios más de 96 millones de pesos de julio a septiembre de 2017, previo al arranque del año electoral federal con el propósito de financiar la campaña negra en contra del hoy jefe del Ejecutivo federal.

“Se identificó por el lado del bufete de proyectos de información que recibió 186 millones de pesos provenientes de OHL México”, apuntó Nieto Castillo.

Además, se ubicaron “dos millones 500 mil pesos aproximadamente provenientes de la coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad del gobierno del Estado de México sin aparente justificación” y los cuales fueron recibidos por el bufete citado, quien entregó recursos a las mismas empresas señaladas de elaborar el documental del populismo, precisó el funcionario al presentar la la investigación.

En la denuncia que se presentará también por lavado de dinero, se detalla que Conaxis envió a la empresa Piña Digital, 18 millones 500 mil pesos durante el periodo de julio a agosto del 2017.

Además de acudir ante la fiscalía electoral y la unidad en contra del lavado de dinero, el gobierno de la República dará vista al Instituto Nacional Electoral (INE) para que, en su caso, proceda a aperturar otras indagatorias por delitos electorales.

De acuerdo con el Presidente de la República, su intención no es vengarse de quienes lo atacaron en la pasada contienda electoral.

Más bien, busca que “los mapaches electorales la piensen mejor” porque de ahora en adelante los fraudes electorales y la corrupción serán delito grave sin derecho a fianza.

“Esto, la verdad que ni siquiera es porque se trate de un agravio a nosotros, no es venganza, es ponerlo de ejemplo, porque ilustra, hacia adelante, pero no es el propósito, para nada, vengarnos”, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa en Palacio Nacional (…) lo interesante es la información sobre las cuentas, sobre el manejo del dinero, el patrocinio, eso es lo interesante”.

En tanto, la misma empresa Conaxis depositó a favor de Martha Matilde Mejía Montes 34 millones de pesos que debía entregar a Alejandro Jesús Quintero Íñiguez la cantidad de 418 mil dólares durante diciembre de 2017 y enero de 2018.

Las investigación encabezada por Nieto Castillo también reveló que el Bufete de Proyectos, Infomación y Análisis envió 47 millones de pesos entre abril y julio de 2017 a Grupo TV Promo, empresa de Alejandro Quintero Iñiguez, expublicista del expresidente Enrique Peña Nieto.

Excelsior

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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