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Denunciarán presunto lavado en promocional

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El gobierno de la República denunciará este viernes en punto de las 10 de la mañana ante la Fiscalía de Delitos Electorales a toda la red de empresas que participaron presuntamente en el financiamiento del documental Populismo en América Latina, elaborado con la intención de dañar la figura del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al inicio del pasado proceso electoral.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el principal orquestador de la campaña negra contra López Obrador fue Jesús Quintero Íñiguez, expublicista de Enrique Peña Nieto y accionista junto con sus hermanos de las empresas Grupo TV Promo y TV Promo, a las cuales se les vincula con el Bufete de Proyectos Información y Análisis —identificado como una posible empresa fachada— y mismo que habría servido para desviar recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano hacia las campañas políticas del PRI durante el tiempo en que fueron encabezadas por Rosario Robles Berlanga, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Nieto Castillo también reveló que La División fue la realizadora del documental y es propiedad de la empresa Piña Digital, la cual tiene como accionista principal a Javier García Mata, productor del documental y quien guarda cercanía con Quintero Íñiguez.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera reveló que la empresa Conaxis, especializada en tecnología digital, recibió del Consejo Mexicano de Negocios más de 96 millones de pesos de julio a septiembre de 2017, previo al arranque del año electoral federal con el propósito de financiar la campaña negra en contra del hoy jefe del Ejecutivo federal.

“Se identificó por el lado del bufete de proyectos de información que recibió 186 millones de pesos provenientes de OHL México”, apuntó Nieto Castillo.

Además, se ubicaron “dos millones 500 mil pesos aproximadamente provenientes de la coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad del gobierno del Estado de México sin aparente justificación” y los cuales fueron recibidos por el bufete citado, quien entregó recursos a las mismas empresas señaladas de elaborar el documental del populismo, precisó el funcionario al presentar la la investigación.

En la denuncia que se presentará también por lavado de dinero, se detalla que Conaxis envió a la empresa Piña Digital, 18 millones 500 mil pesos durante el periodo de julio a agosto del 2017.

Además de acudir ante la fiscalía electoral y la unidad en contra del lavado de dinero, el gobierno de la República dará vista al Instituto Nacional Electoral (INE) para que, en su caso, proceda a aperturar otras indagatorias por delitos electorales.

De acuerdo con el Presidente de la República, su intención no es vengarse de quienes lo atacaron en la pasada contienda electoral.

Más bien, busca que “los mapaches electorales la piensen mejor” porque de ahora en adelante los fraudes electorales y la corrupción serán delito grave sin derecho a fianza.

“Esto, la verdad que ni siquiera es porque se trate de un agravio a nosotros, no es venganza, es ponerlo de ejemplo, porque ilustra, hacia adelante, pero no es el propósito, para nada, vengarnos”, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa en Palacio Nacional (…) lo interesante es la información sobre las cuentas, sobre el manejo del dinero, el patrocinio, eso es lo interesante”.

En tanto, la misma empresa Conaxis depositó a favor de Martha Matilde Mejía Montes 34 millones de pesos que debía entregar a Alejandro Jesús Quintero Íñiguez la cantidad de 418 mil dólares durante diciembre de 2017 y enero de 2018.

Las investigación encabezada por Nieto Castillo también reveló que el Bufete de Proyectos, Infomación y Análisis envió 47 millones de pesos entre abril y julio de 2017 a Grupo TV Promo, empresa de Alejandro Quintero Iñiguez, expublicista del expresidente Enrique Peña Nieto.

Excelsior

México

Sheinbaum responde a Trump y rechaza señalamientos sobre control del narcotráfico

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió no reaccionar a cada declaración del mandatario estadounidense Donald Trump, luego de que este reiterara durante la Cumbre del G7 en Francia que México está controlado por los cárteles del narcotráfico.

Durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que Trump tiene una forma particular de comunicar sus mensajes y consideró que lo importante es el trabajo que realiza su administración en materia de seguridad.

Sheinbaum sostuvo además que el presidente estadounidense no cuenta con información precisa cuando realiza este tipo de acusaciones. Recordó que ya le ha expresado personalmente que las instituciones mexicanas funcionan y que el Estado mexicano mantiene su presencia y operación en todo el país.

La titular del Ejecutivo señaló que, durante una reunión celebrada en mayo con el senador estadounidense Markwayne Mullin en Palacio Nacional, se abordó el tema de los grupos criminales y se destacó el papel de las instituciones de seguridad mexicanas.

Como ejemplo, mencionó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien sobrevivió a un atentado perpetrado por un grupo criminal en 2020 y continuó en el servicio público. También destacó la labor del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

La presidenta subrayó además los resultados de la estrategia de seguridad de su gobierno. Entre ellos, mencionó una reducción de 46 por ciento en los homicidios dolosos y una disminución de 70 por ciento en el ingreso de fentanilo a Estados Unidos por vía terrestre.

Asimismo, hizo referencia al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo realizado por el Ejército mexicano en febrero pasado.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen en medio de un escenario de tensiones entre México y Estados Unidos en temas de seguridad y comercio, mientras Trump ha insistido en diversas ocasiones en que los cárteles ejercen control sobre territorio mexicano.

El contexto también incluye las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas.

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