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¿No tienes IMSS? Esto te cobrará por consulta y estudios

Published

hace 7 años

Mar 23, 2019

Edicion

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó en el Diario oficial de la Federación (DOF) el acuerdo relativo a los Costos Unitarios por Nivel de Atención Médica actualizados al presente año para quienes no son derechohabientes de ese instituto.

En el documento se detallan los precios de la atención en unidades de primer, segundo y tercer nivel:

Consulta de medicina familiar
Curaciones
Ingreso a la sala de urgencias
Consultas, estudios y procedimientos de especialidades
Costos Unitarios de Atención Médica para no derechohabientes
Consulta de Medicina Familiar
Primer nivel 783 pesos
Segundo nivel 783 pesos
Consulta Dental (estomatología)
Primer nivel: 832 pesos
Segundo nivel: 832 pesos
Atención de urgencias
Primer nivel 627 pesos
Segundo nivel 1,164 pesos
Tercer nivel 3,089 pesos
Traslado de ambulancia
Primer nivel 441 pesos
Segundo nivel 1,978 pesos
Tercer nivel 5,990 pesos
Sesión de hemodiálisis
Primer nivel 4,757 pesos
Segundo nivel 4,757 pesos
Tercer nivel 4,757 pesos
Sesión de quimioterapia
Primer nivel 7,034 pesos
Segundo nivel 7,034 pesos
Tercer nivel 7,034 pesos
Día paciente en hospitalización
Primer nivel 8,333 pesos
Segundo nivel 8,333 pesos
Tercer nivel 8,333 pesos
Intervención quirúrgica
Primer nivel 6,531 pesos
Segundo nivel 22,829 pesos
Tercer nivel 37,473 pesos
Terapia psicológica
Primer nivel 1,222 pesos
Segundo nivel 1,222 pesos
Tercer nivel 1,222 pesos
Día paciente en incubadora
Segundo nivel 8,333 pesos
Tercer nivel 8,333 pesos
Día paciente en terapia intensiva
Segundo nivel 37,410 pesos
Tercer nivel 37,410 pesos
Servicio de banco de sangre
Segundo nivel 221 pesos
Tercer nivel 331 pesos
Sesión de diálisis
Segundo nivel 127 pesos
Tercer nivel 127 pesos

¿Primero, segundo o tercer nivel de atención?
Primer nivel de atención: lo constituyen las unidades médicas familiares en las que se proporcionan los servicios de salud básicos. Son el principal escenario de la salud preventiva y es el nivel en donde se atiende y resuelve 80% de los padecimientos.
Segundo nivel de atención: corresponde a los Hospitales Generales, Regionales, Integrales, Comunitarios; también a los Hospitales Pediátricos, de Gineco-Obstetricia o Materno-Infantiles, así como los Hospitales Federales de Referencia que se localizan en la Ciudad de México y que operan como concentradores para todo el territorio nacional. En el segundo nivel se atiende a los pacientes remitidos por los servicios del primer nivel de atención que requieren de procedimientos diagnósticos, terapéuticos y de rehabilitación.
Tercer nivel de atención: es la red de hospitales de alta especialidad con avanzada tecnología. Aquí es donde se tratan enfermedades de baja prevalencia, de alto riesgo y las enfermedades más complejas. En ellos se atiende a los pacientes que remiten los hospitales de segundo nivel.
Fuente: UNAM

¿Cómo se determinaron los costos?
El documento explica que los costos previamente relacionados han sido actualizados aplicando la metodología de Costo Basado en Actividades (ABC) con información de los años 2016 y 2017, y se les ha aplicado el factor de actualización del mes de diciembre de 2018.

Este factor se determinó dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre de 2018, entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de diciembre de 2016 y 2017, respectivamente.

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Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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segundoasegundo

El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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