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Chihuahua

Denuncia El Barzón campaña de linchamiento en su contra

La asociación El Barzón sostiene que los asesinatos de Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Marta Solís, son un crimen de Estado, y a través de un comunicado señala que previamente se advirtió a las autoridades de Gobierno de la situación en el Ejido Juárez.

A continuación se muestra el comunicado intacto de esta agrupación:

Una gran indignación esta causando en la sociedad chihuahuense el doble asesinato perpetrado hoy lunes a las 2.30 de la tarde en contra del dirigente de El Barzón en esta entidad, Ismael Solorio Urrutia, y de su esposa Manuela Martha Solís Contreras.

Fueron acribillados mientras circulaban en la camioneta de Ismael en el kilometro 26.5 de la carretera Ciudad Cuauhtemoc+Coloniia Obregón. Ante este crimen de Estado, las y los activistas sociales de Chihuahua van a plantarse en el Palacio de Gobierno por un tiempo indefinido hasta que no se entrevisten con el Gobernador César Duarte y se les haga justicia.

El doble asesinato es el desemboque de toda una campaña de linchamiento emprendida en contra de las diversas organizaciones de El Barzón, desde hace varias semanas, denunciada precisamente hace una semana por la propia organización y otras organizaciones sociales de Chihuahua ante el Secretario de Gobierno de esta entidad. En dicha reunión, se le advirtió al representante del Gobierno del Estado que dada la situación de ataques a Ismael Solorio y a su hijo así como a diversos barzonistas que se oponen a la instalación de la minera El Cascabel, filial de la canadiense Mag Silver en el ejido Benito Juárez, municipio de buenaventura.

En efecto, luego de ser golpeados por un grupo de asalariados de la minera Ismael Solorio y su hijo Eric el sábado 13 de octubre, el contingente de El Barzón y las organizaciones que con él se solidarizan se hicieron presente en el palacio de gobierno para exigir que el Ejecutivo Estatal garantizara la gobernabilidad en el pueblo y la integridad física de todos quienes participan en el movimiento barzonista.

Solorio, ha sido uno de los dirigentes no solo de la oposición del establecimiento de la mina, sno también de quienes llevan cuatro meses denunciando los aprovechamientos ilegales y las perforaciones también ilegales de pozos en la cuenca del río del Carmen, sin haber sido solucionadas sus demandas hasta ahora. Dichas perforaciones y aprovechamientos los realiza un pequeño grupo de acaudalados.

Posterior a la entrevista colectiva con el Srio. de Gobierno, un grupo de gente pagada por la mina acudió al Congreso del Estado, donde fueron apoyados por legisladores del PRI. En dicha reunión se volvió a atacar, a calumniar y a amenazar a quienes forman parte de la mayoría ejidal que se opone a la mina.

Es muy claro que en el corredor comercial Cuauhtémoc-Colonia Obregón opera normalmente, a ciencia y paciencia de las autoridades, una patrulla del crimen organizado. Lo más probable es que ella sea quien ultimó a Solorio y a su esposa. La autoría intelectual es muy clara: quienes detentan los grandes intereses afectados por el activismo de las y los barzonistas y la actitud omisa o ineficiente del Gobierno del Estado.

La decisión firme de El Barzón y las organizaciones sociales de Chihuahua es permanecer en el Palacio de Gobierno hasta plantear sus exigencias al Gobernado, César Duarte y hasta que se haga justicia ante este crimen de Estado, semejante en sus circunstancias al feminicidio de Marisela Escobedo, ultimada el 16 de diciembre de 2010 en la acera del Palacio de Gobierno, a pesar también de las advertencias del peligro que corría la vida de la activista hechas a los funcionarios estatales días antes.

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Chihuahua

César Duarte acusa a CONAGUA de destruir infraestructura hídrica histórica en su rancho

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, lanzó fuertes acusaciones contra la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a quien responsabilizó de haber destruido una represa centenaria y varios pozos en su rancho El Saucito, afectando —según él— tanto la actividad productiva como el suministro de agua potable a comunidades rurales de la zona.

Acompañado de su equipo legal, Duarte denunció públicamente lo que calificó como “mentiras y abusos” por parte del organismo federal, asegurando que la represa demolida contaba con un permiso de construcción expedido hace más de cien años, en favor de su bisabuelo y previo al Tratado de Aguas con Estados Unidos. Por lo tanto, argumentó, su uso no debería estar sujeto a las restricciones actuales del acuerdo binacional.

“El agua se estaba utilizando para retenerse y evitar la evaporación antes de que llegara al Río Conchos. Lejos de afectar a las comunidades, esto ayudaba a los productores locales”, sostuvo Duarte ante medios de comunicación.

Entre los daños reportados, destacó también la demolición de varios pozos, incluyendo uno que —afirma— abastecía de agua potable a pobladores cercanos y que, según documentación, había sido legalmente reconocido por la CONAGUA desde 2006.

Asimismo, subrayó que el sistema hídrico del rancho contaba con 67 bombas para distribuir agua destinada a las labores ganaderas de “familias vaqueras”, vitales para la economía rural de la región. A su juicio, las acciones del gobierno no solo carecen de sustento legal, sino que demuestran una actitud “destructiva” de las autoridades actuales.

“Estas autoridades nunca han producido nada en su vida. Solo saben destruir”, acusó el exmandatario estatal, quien también responsabilizó al gobierno federal y al estatal de haber emprendido actos arbitrarios que ponen en riesgo recursos esenciales para las comunidades del entorno.

Hasta el momento, ni la CONAGUA ni las autoridades estatales han emitido una postura oficial sobre los señalamientos de Duarte. La controversia se suma a una larga serie de tensiones en torno al uso y manejo del agua en el estado, especialmente en regiones donde el estrés hídrico y los conflictos por el recurso han ido en aumento.

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