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Barzón Nacional responsabiliza a Duarte por asesinato de Solorio

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En una carta publica, el presidente nacional de El Barzón,  responsabiliza al gobernador del Estado de Chihuahua, César Duarte, del asesinato de Ismael Solorio Urrutia y de su esposa, Manuelita Solís Contreras, dirigentes de El Barzón Chihuahua. Así mismo en el pliego dirigido al Secretario de Gobernación Federal, Alejandro Alfonso Poiré Romero, culpan a las autoridades de CONAGUA y de Medio Ambiente por la actitud omisa y por la falta de apego a la Ley para castigar a todos los que explotan ilegalmente el agua y destruyen las comunidades con la contaminación.

Aquí la carta:

Nos dirigimos a Ustedes para expresar nuestra indignación frente al asesinato del compañero Ismael Solorio Urrutia y de su esposa, Manuelita Solís Contreras, dirigentes de El Barzón Chihuahua, ocurrido el día de hoy por la mañana en el municipio de Namiquipa, Chih.

Los compañeros ya habían sido agredidos por los grupos que de forma ilegal y con el apoyo de funcionarios del gobierno del Estado y de autoridades federales están realizando la explotación de agua y desarrollando procesos de contaminación y destrucción de las parcelas y los cultivos de toda la región de San Buenaventura, en el estado de Chihuahua.

Los funcionarios gubernamentales nunca han querido resolver el conflicto y castigar a los que de manera permanente han estado violando la ley y afectando la vida y la producción de miles de chihuahuenses. El gobernador y las autoridades de CONAGUA nunca quisieron intervenir para solucionar el conflicto y castigar a los que de manera permanente han pasado por encima del estado de derecho.

El único motivo de la lucha de los compañeros Ismael y Manuelita era el de defender el agua de la zona del semidesierto y conservar los acuíferos contra la explotación irracional de las plantaciones comerciales. También peleaban por evitar la violación de la Ley por parte de la Compañía de Servicios Mineros Cascabel, filial de la minera Canadiense MAGSILVER, que estaba perforando a pesar de carecer de permiso y de la oposición de la asamblea y de las autoridades ejidales. Hasta el momento ya habían realizado más de 400 perforaciones, con la expectativa de que una vez iniciada la explotación, utilizarán materiales altamente contaminantes que provocarán graves daños en la salud de los habitantes, destrozando los cultivos de la zona y contaminando los acuíferos.

A pesar de la tensión permanente y de los enfrentamientos violentos, las autoridades locales y federales dejaron crecer el problema y los enfrentamientos se agravaron. Hoy los compañeros Ismael y Manuelita han sido asesinados.

Nosotros responsabilizamos al Gobernador César Duarte y a las autoridades de CONAGUA y de Medio Ambiente por la actitud omisa y por la falta de apego a la Ley para castigar a todos los que explotan ilegalmente el agua y destruyen las comunidades con la contaminación.

Nuestros compañeros fueron comprometidos defensores de los derechos que tienen los habitantes de Chihuahua para lograr un desarrollo sustentable, en armonía con la naturaleza. Por ello participaban activamente en las movilizaciones en defensa de los acuíferos de la entidad, sobreexplotados mediante maniobras fraudulentas.

Hoy queremos manifestar nuestra indignación frente a la actitud del Gobernador Duarte por negarse a aplicar la Ley, dejando que el conflicto se agravara. Queremos manifestar nuestro repudio a las autoridades de CONAGUA que toleraron y estimularon la explotación ilegal de los sistemas de riego, cambiaron el uso del suelo, permitiendo que los pozos funcionaran con certificados y concesiones apócrifas, mediante la corrupción y la complicidad con grupos de menonitas, que ponían en peligro los acuíferos y la producción de maíz y frijol. Queremos manifestar nuestro repudio a la Secretaría de Medio Ambiente por negarse a clausurar las perforaciones de la minera, a pesar de que recientemente la Procuraduría Agraria había emitido un dictamen dando la razón a los ejidatarios.

No vamos a permitir que el asesinato de Ismael y Manuelita se convierta en un número adicional a los miles de muertos y asesinados en el estado de Chihuahua. Debe haber justicia y se debe castigar a los responsables del asesinato. Pero también debe de detenerse la explotación ilegal de los recursos naturales.

Exigimos justicia.

C. Alejandro Alfonso Poiré Romero

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

C. César Duarte Jáquez

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA:

ATTE.

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE EL BARZON

ALFONSO RAMIREZ CUELLAR

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México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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