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México

275 trabajadoras del hogar han solicitado su afiliación al IMSS

A 48 horas del arranque del Programa Piloto para la Incorporación de Personas Trabajadoras del Hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en las subdelegaciones de todo el país y en el portal del Instituto ya se han generado 275 líneas de captura, con las cuales empleadores y trabajadoras realizarán en el banco el pago de la cuota correspondiente para que, a partir del 1 de mayo, puedan hacer uso del servicio médico y de las prestaciones sociales que la institución otorga.

Los interesados en este programa, pueden acercarse a las subdelegaciones del IMSS o consultar la liga www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar, donde encontrarán los requisitos para su afiliación y resolver diversas dudas, además de utilizar la calculadora del pago de cuotas que permite conocer el monto que deberán pagar.

Se considera que una persona es trabajadora del hogar cuando presta servicios de aseo, asistencia y aquellos que son inherentes al hogar de una persona o familia; que pueden trabajar para uno o varios empleadores y vivir o no en su lugar de trabajo. Sus labores pueden incluir tareas como limpieza de la casa, cocinar, lavar y planchar la ropa, el cuidado de los niños, adultos mayores, entre otros.

Al estar afiliadas al IMSS, las personas trabajadoras del hogar tendrán acceso a servicios médicos y hospitalarios, medicamentos, atención obstétrica, derecho a incapacidad, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro y prestaciones sociales como guarderías y velatorios.

El pago de las cuotas se debe realizar mensualmente y tiene como fecha límite el día 20 de cada mes, a efecto de iniciar la cobertura del aseguramiento el primer día del mes inmediato siguiente al pago; es decir, si una persona trabajadora del hogar es afiliada entre el 1 y el 20 de abril, tiene acceso a los beneficios del Seguro Social durante todo mayo.

Para mayor información sobre la inscripción de las personas trabajadoras del hogar a este programa, el Seguro Social pone a disposición el teléfono 01 800 623 2323, en un horario de atención, de lunes a viernes, de 08:00 a 20:00 horas, se puede consultar la página www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar o acudir a la Subdelegación del IMSS más cercana.

México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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