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#MeToo destapa 60 casos de víctimas de acoso en universidad

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La activista por los derechos humanos de las mujeres, Mara Muñoz, calificó de grave la violencia contra las universitarias, pues sólo en las dos semanas del movimiento #MeToo, se tienen registradas más de 60 víctimas de acoso y hostigamiento sexual.

La feminista reconoció los resultados del movimiento iniciado en redes sociales para denunciar, de manera anónima, la problemática que sufren las mujeres en el ámbito universitario, especialmente en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), donde se contabilizaron todos los casos.

Eso demuestra que “el problema es más grave de lo que pensábamos”, y saca a la luz la falta de interés de autoridades universitarias y gubernamentales por recibir, atender y dar seguimiento a las denuncias de los ilícitos cometidos no sólo contra alumnas, sino también investigadoras, docentes y trabajadoras.

Debido a que se desechaban las denuncias o no había seguimiento por parte de las instituciones universitarias y estatales, lamentablemente no se tienen estadísticas precisas y existe un grave subregistro de la violencia contra las universitarias, pero ya se dan los primeros pasos para conocerla, señaló.

En entrevista exclusiva con Notimex, la recién galardonada por el Poder Legislativo local con el primer reconocimiento “María Rodríguez Murillo”, por su activismo en favor de las mujeres, dijo que a partir de ahora, las autoridades universitarias y gubernamentales deben asumir su papel y elaborar estadísticas.

Además, acompañar a las víctimas, dar seguimiento a los casos, establecer procedimientos, protocolos claros y atención a la violencia, aunque reconoció que la sanción para los indiciados será mínima, porque “lamentablemente muchos delitos por cuestiones de género no son considerados graves”.

Muñoz explicó que entre esos delitos no graves se encuentran el acoso sexual, hostigamiento sexual y abuso sexual, pues el Código Penal de Zacatecas y el Código Nacional de Procedimientos Penales, “dan una serie de beneficios al acusado, como lo es la suspensión del proceso prueba”.

Ello significa que “no llega a una sentencia, sino que el juzgador le impone ciertas medidas al imputado, como terapia psicológica, talleres de reeducación y que no se acerque a la víctima. Si las rompe, entones podría haber una sentencia. Pero si las cumple, el indiciado no pisa la presión”.

Luego, refirió que el 80 por ciento de los casos de acoso sexual y hostigamiento sexual es contra mujeres. Es decir, la población femenina es la más afectada por los delitos sexuales, confirmó, al hacer un llamado a modificar la legislación e imponer penas punitivas para ambos ilícitos.

Al aceptar que “es muy difícil investigar” el acoso sexual y hostigamiento sexual, porque la violencia está normalizada y a veces no se denuncia, sí consideró necesario castigar al agresor, porque “de otra forma se convierte en un clima de impunidad que autoriza, de manera velada, este tipo de conductas”.

Mara Muñoz aclaró que el hostigamiento sexual es cuando existe una relación de subordinación y ejemplificó que lo comete un maestro o un jefe, en tanto que el acoso sexual se da entre dos personas que tienen el mismo rango, pues no hay superioridad jerárquica.

Las declaraciones de la activista se dan en el marco de las denuncias anónimas generadas en redes por el movimiento #MeToo por violencia sexual contra universitarias, que ha derivado en la visibilización de este fenómeno en las instituciones de educación superior.

Es de mencionar que debido a la cantidad de casos denunciados, periódicos locales publicaron entrevistas con alumnas afectadas, quienes reconocieron que el acoso y el hostigamiento sexual es una práctica común por parte de los maestros que, en ocasiones, les piden “favores sexuales” para aprobarlas.

A causa de que los casos denunciados en redes sociales ocurrieron en la UAZ, a través de los medios de comunicación, la Defensoría de los Derechos Universitarios de la máxima casa de estudios instó a las afectadas a interponer las denuncias formales.

Asimismo, en entrevista con medios de comunicación locales, el secretario general de la UAZ, Rubén Ibarra, aseguró que la universidad no solapará conductas inadecuadas, pero lamentó que no exista ninguna denuncia formal y que los nombres de maestros presuntos responsables sólo se hayan ventilado en redes, por lo que no se pude hacer nada mientras no haya pruebas.

En días anteriores, la Secretaría de las Mujeres (Semujer) dio a conocer que se inició en la UAZ un protocolo de prevención y una acción de información sobre ambos delitos, por lo que serán visitadas las unidades académicas para acercarse a las estudiantes.

Además, confirmó que ya se inició el primer procedimiento jurídico por acoso sexual.

Fuente: Excelsior

México

Tiene 9 años y desde que nació nunca ha salido del hospital

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Por culpa de la burocracia, Camila Huerta, de nueve años de edad, desde que nació, nunca ha salido del Hospital del ISSSTE Primero de Octubre, en la Ciudad de México, por lo que no conoce una escuela, un parque ni su propia casa, como si se tratara de una película.

Previo a nacer, sufrió falta de oxígeno que le provocó daño cerebral, hidrocefalia y retraso psicomotor global. Ante la gravedad de su estado, sus padres iniciaron una larga batalla legal interponiendo múltiples amparos para evitar que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) la diera de alta en sus primeros años, argumentando que requería cuidados especializados que ellos no podían costear o replicar en casa.

Posteriormente, sus padres, perdieron la batalla legal y pagan actualmente al ISSSTE más de 11 mil pesos para su manutención, luego de que así lo ordenó un juez.

Actualmente, la niña ya puede regresar a su hogar y sus dos padres cuentan con trabajo y la capacidad para mantener a la menor,  a quien acuden a cuidar diariamente  desde el día que nació, pero el extravío de su expediente médico y la falta de orden de un juez, desde finales del 2025, impide que se vaya con su familia que acusa ineficiencia por parte del sistema judicial.

Sus padres también acusan que no hay ninguna ley o reglamento que sea sensible ante este caso.

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