En días recientes circularon en redes sociales fotografías de una parrillada realizada en Puebla, donde el plato fuerte fueron dos cocodrilos de pantano a las brasas, lo que originó un gran revuelo entre usuarios de Twitter que demandaron castigo a los responsables de comer una especie incluida en la Norma Oficial Mexicana 059, en la categoría de Sujeta a Protección Especial.
Los mensajes de indignación no se hicieron esperar como el del usuario @MorOlivers, quien exigió castigo a «esta barbarie» o @MiCatleesi que escribió: «Mientras no hay gobernador, ¿Qué se hará al respecto? Que sean unos cavernícolas, no les da derecho a presumirlo».
Una persona identificada como Ed Morales subió a la plataforma Change.org una petición para solicitar a las autoridades castigo por «maltrato animal o rituales ilegales».
Hasta el momento, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), no se han pronunciado sobre las acusaciones contra el hombre identificado como Juan Núñez Alameda, esposo de la regidora de Salud del Ayuntamiento de Huejotzingo, y excandidato a diputado local por Morena.
En un comunicado de prensa, el Ayuntamiento de Huejotzingo condenó estos actos y se deslindó de lo ocurrido, al tiempo que externó su intención de colaborar con las autoridades competentes para sancionar a los responsables del “maltrato a especies protegidas”.
El Ayuntamiento no apoya de ninguna manera estas acciones, y está en la mayor disposición de llevar a cabo las sanciones que las autoridades correspondientes dicten a quienes cometen este abuso y lastiman especies protegidas”, manifestó.
Juan Núñez Alameda ofreció conferencia de prensa para explicar que la «Cocodrilada 2019», realizada por la Gran Logia del Valle de México, asociación de Masones, formó parte del Festival Familiar de Filantropía para obtener fondos y ayudar a niños con cáncer y VIH.
Detalló que los dos ejemplares de cocodrilo moreletii, criados en cautiverio, fueron adquiridos de manera legal a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), que cuenta con autorización de la Semarnat.
Ante esta situación, reveló que ya procedió penalmente contra la presidenta municipal de Huejotzingo, Angélica Alvarado Juárez, a quien responsabilizó de filtrar las imágenes donde aparece cocinando a los dos cocodrilos.
En la cuenta de Twitter de la Logia identificada como Igualdad N. 105 se exhibe un oficio con fecha del 1 de febrero de 1999, firmado por Felipe Ramírez Ruíz de Velasco, exdirector general de Vida Silvestre, que en ese entonces dependía del Instituto Nacional de Ecología, donde se otorga autorización a la UMA «Cacahuatal», para el manejo de ejemplares de cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii), con fines de conservación y manejo en las instalaciones ubicadas en el municipio de Gutiérrez Zamora, en el estado de Veracruz.
La clave de registro de la Granja que ahora se hace llamar “El Colibrí de la Antigua”: INE/CITES/DGVS-CR-IN-0434-VER/99, tiene vigencia indefinida y nunca se le ha abierto ningún procedimiento administrativo por parte de la Profepa, al contrario, en 2016 recibió 92 cocodrilos decomisados a otra UMA denominada La Macarena, por faltas al trato digno y respetuoso hacia los animales.
De acuerdo con la factura pagada por los Masones para su «Cocodrilada 2019”, el kilogramo de cocodrilo costó 292 pesos, por lo que al final se pagaron siete mil 112 pesos, por los dos ejemplares y una hielera Jumbo.
La Ley Ambiental no prohíbe a una persona que pueda comerse al animal criado en cautiverio, que compró en una granja con los permisos en regla, el único requisito que debe cumplir es acreditar su legal procedencia.
El Partido Acción Nacional acusó que la investigación oficial sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre en Oaxaca carece de credibilidad y podría estar encubriendo responsabilidades de mayor jerarquía dentro del proyecto ferroviario.
A través de su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, el PAN sostuvo que la Fiscalía General de la República presentó de manera anticipada una versión definitiva del accidente, en la que se atribuye la causa exclusivamente a errores del personal operativo, pese a la existencia de indicios que apuntan a fallas estructurales, deficiencias técnicas y omisiones en la supervisión.
Romero subrayó que el Tren Interoceánico es operado por la Secretaría de Marina, dependencia responsable de la infraestructura, el mantenimiento, los protocolos de seguridad y la operación general del sistema. En ese sentido, consideró inaceptable que la investigación descarte desde el inicio posibles fallas institucionales o responsabilidades administrativas de alto nivel.
El dirigente panista recordó que, tras la conferencia ofrecida por la FGR el 27 de enero, comenzaron a circular fragmentos del expediente que revelan diversas irregularidades. Entre ellas se mencionan deficiencias en los sistemas de control de velocidad, equipos obsoletos, fallas de comunicación, cámaras de vigilancia fuera de servicio y condiciones deterioradas tanto en los vagones como en algunos tramos de la vía.
El PAN también advirtió que en el expediente se hace referencia a personal ferroviario que no contaba con licencias vigentes ni con exámenes médicos actualizados, una situación que posteriormente fue reconocida por la propia Secretaría de Marina.
Ante este panorama, el partido exigió la realización de un peritaje independiente y transparente, y pidió que no se proteja a ningún responsable. Consideró que judicializar únicamente a trabajadores operativos representa un intento de cerrar el caso sin esclarecer las causas de fondo del accidente.
En paralelo, la Fiscalía General de la República informó sobre la detención de Felipe de Jesús “N”, identificado como el maquinista principal del tren descarrilado. La captura se realizó el 26 de enero en Palenque, Chiapas, y fue confirmada un día después.
De acuerdo con el peritaje oficial presentado por la fiscal Ernestina Godoy, el exceso de velocidad fue la causa determinante del accidente. La investigación señala que el tren circulaba a 65 kilómetros por hora en una zona con límite de 50, alcanzando picos de hasta 111 kilómetros por hora en tramos rectos. La FGR descartó fallas mecánicas y aseguró que el sistema de frenado funcionaba correctamente.
El maquinista enfrenta cargos por homicidio y lesiones culposas. La detención ha generado controversia al coincidir con las denuncias del PAN sobre un posible encubrimiento a mandos superiores responsables de la operación ferroviaria.
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