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México

Los maestros no son corruptos: afirma López Obrador

Ante los cuestionamientos de que la nueva Reforma Educativa abre paso a sindicatos magisteriales para el reparto y venta de plazas, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó esto y que vaya a haber ayuda a esas organizaciones; además, aclaró que “los maestros no son corruptos, son gente buena, trabajadora, honesta”.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario señaló que quienes defienden y promueven la idea del regreso de los sindicatos para el reparto de plazas son los adversarios que defienden la Reforma Educativa que impulsó el gobierno de su antecesor Enrique Peña Nieto.

“Eso es lo que sostienen la que defienden la mal llamada reforma Educativa que es el regreso de la venta de plazas, y no es así. No hay riesgo de que el sindicato meta mano en el reparto de plazas porque se ajustará a lo que se va a aprobar en las leyes, porque faltan las leyes secundarias”, aseguró.

Ayer en la Cámara de Diputados fue aprobada, en lo general, la nueva Reforma Educativa con 381 votos a favor, 79 en contra y dos abstenciones.

Entre los cambios está que la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente o directivo será a través de procesos que se definirán en leyes secundarias, para las cuales participará el magisterio disidente en su diseño.

Además, el control administrativo docente regresará a los gobiernos estatales; no obstante, mantiene federalizado el pago de nómina.
López Obrador celebró el avance en la aprobación de la nueva reforma constitucional y reconoció a los diputados por el respaldo a ésta, ya que consideró que la reforma anterior “no tuvo nada bueno” ni avances, sólo “afectar la dignidad de los maestros”.

Aclaró que al ser aprobado todo el proyecto educativo el tráfico y venta de plazas por parte del magisterio disidente ya no existirá ni el apoyo a un grupo del magisterio.

Excelsior

México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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