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México

Los maestros no son corruptos: afirma López Obrador

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Ante los cuestionamientos de que la nueva Reforma Educativa abre paso a sindicatos magisteriales para el reparto y venta de plazas, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó esto y que vaya a haber ayuda a esas organizaciones; además, aclaró que “los maestros no son corruptos, son gente buena, trabajadora, honesta”.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario señaló que quienes defienden y promueven la idea del regreso de los sindicatos para el reparto de plazas son los adversarios que defienden la Reforma Educativa que impulsó el gobierno de su antecesor Enrique Peña Nieto.

“Eso es lo que sostienen la que defienden la mal llamada reforma Educativa que es el regreso de la venta de plazas, y no es así. No hay riesgo de que el sindicato meta mano en el reparto de plazas porque se ajustará a lo que se va a aprobar en las leyes, porque faltan las leyes secundarias”, aseguró.

Ayer en la Cámara de Diputados fue aprobada, en lo general, la nueva Reforma Educativa con 381 votos a favor, 79 en contra y dos abstenciones.

Entre los cambios está que la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente o directivo será a través de procesos que se definirán en leyes secundarias, para las cuales participará el magisterio disidente en su diseño.

Además, el control administrativo docente regresará a los gobiernos estatales; no obstante, mantiene federalizado el pago de nómina.
López Obrador celebró el avance en la aprobación de la nueva reforma constitucional y reconoció a los diputados por el respaldo a ésta, ya que consideró que la reforma anterior “no tuvo nada bueno” ni avances, sólo “afectar la dignidad de los maestros”.

Aclaró que al ser aprobado todo el proyecto educativo el tráfico y venta de plazas por parte del magisterio disidente ya no existirá ni el apoyo a un grupo del magisterio.

Excelsior

México

Sheinbaum pide revisar constitucionalidad de candidaturas femeninas obligatorias en gubernaturas

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió revisar la constitucionalidad de las disposiciones que obligan a postular únicamente mujeres a las gubernaturas en un periodo electoral específico, tras la reciente reforma aprobada por el Congreso de San Luis Potosí para la elección de 2027.

Durante la conferencia matutina de este lunes 15 de diciembre, la mandataria expresó su respaldo al principio de paridad de género establecido en la Constitución, que plantea que los partidos políticos postulen en partes iguales a mujeres y hombres. No obstante, diferenció ese esquema de las reglas que determinan de manera obligatoria el género de la candidatura para una elección concreta.

Sheinbaum señaló que solicitó al ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actual coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, analizar si este tipo de disposiciones locales se apegan al marco constitucional, en particular cuando congresos estatales establecen que el próximo titular del Poder Ejecutivo deba ser de un solo género.

Indicó que el análisis deberá determinar si la decisión de un estado de definir que la próxima persona en la gubernatura tenga que ser mujer se encuentra dentro de los límites que marca la Constitución, o si representa una posible vulneración a los principios constitucionales vigentes.

En otro tema, la presidenta reiteró su postura en contra de la sucesión de familiares directos en cargos de elección popular. Recordó que el Congreso de la Unión ya aprobó una reforma para que, a partir de 2030, no puedan postularse parientes hasta el cuarto grado para ocupar el mismo puesto de elección popular.

Sheinbaum precisó que, de cara a los comicios de 2027, cada partido político deberá asumir su propia decisión interna en relación con este tema, al no estar aún vigente la restricción constitucional aprobada para 2030.

Las declaraciones de la presidenta se dan luego de que el Congreso de San Luis Potosí avalara una reforma electoral que obliga a los partidos a postular exclusivamente mujeres a la gubernatura en 2027, medida que podría favorecer a la senadora Ruth González Silva, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo.

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