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Denuncia SAT a 8 empleados ante el MP

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Durante el primer trimestre del año, en el arranque del nuevo gobierno, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunció a ocho funcionarios ante el Ministerio Público (MP), dos de ellos son del área de Aduanas del Norte- Centro, por contrabando y el equiparable a éste.

El resto de las denuncias fueron ante el Órgano Interno de Control (OIC), con 199, casi la mayoría, con 70 casos, contra trabajadores de la Administración General de Aduanas (AGA) por diversas responsabilidades administrativas.

Respecto a igual periodo de 2018, el número de denuncias en materia penal no varió, pero aumentaron las correspondientes al OIC, al pasar de 164 a 199.

En el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, entre enero y marzo de 2013, el SAT no realizó ninguna denuncia ante el MP, pero de manera interna fueron señalados 271 empleados, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La actual información señala como delitos cometidos por servidores el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática y extorsión en grado de tentativa, lo que generó una denuncia penal contra un trabajador de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) región sureste.

También por ejercicio indebido, un empleado de la AGAFF de la zona metropolitana fue acusado penalmente, y cuatro más de la misma área por actuar contra la administración de justicia. Las áreas del SAT más vulnerables a la corrupción son la de las aduanas y de auditorías fiscales.

Fuente: Vanguardia

México

Tiene 9 años y desde que nació nunca ha salido del hospital

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Por culpa de la burocracia, Camila Huerta, de nueve años de edad, desde que nació, nunca ha salido del Hospital del ISSSTE Primero de Octubre, en la Ciudad de México, por lo que no conoce una escuela, un parque ni su propia casa, como si se tratara de una película.

Previo a nacer, sufrió falta de oxígeno que le provocó daño cerebral, hidrocefalia y retraso psicomotor global. Ante la gravedad de su estado, sus padres iniciaron una larga batalla legal interponiendo múltiples amparos para evitar que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) la diera de alta en sus primeros años, argumentando que requería cuidados especializados que ellos no podían costear o replicar en casa.

Posteriormente, sus padres, perdieron la batalla legal y pagan actualmente al ISSSTE más de 11 mil pesos para su manutención, luego de que así lo ordenó un juez.

Actualmente, la niña ya puede regresar a su hogar y sus dos padres cuentan con trabajo y la capacidad para mantener a la menor,  a quien acuden a cuidar diariamente  desde el día que nació, pero el extravío de su expediente médico y la falta de orden de un juez, desde finales del 2025, impide que se vaya con su familia que acusa ineficiencia por parte del sistema judicial.

Sus padres también acusan que no hay ninguna ley o reglamento que sea sensible ante este caso.

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