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México

No dejan estudiar a 2 millones de niños; los usan para trata sexual y mendicidad

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Este año se conmemora un siglo desde que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) comenzó con sus esfuerzos para, en aquel momento, reducir, y en nuestros días, para erradicar el trabajo infantil. Se trata de una de las problemáticas del capitalismo contemporáneo de más larga data y que revela el carácter injusto y desigual del modelo de desarrollo.

Para estimar la magnitud de esta problemática, el Inegi había levantado, desde 2002, el Módulo de Trabajo Infantil, como parte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). De manera lamentable, debido a los recortes presupuestales que se propusieron por la Presidencia de la República, y que fueron aprobados por el Congreso de la Unión, este año no se contará con la actualización bienal que se tenía de manera regular desde 2009, con lo que simplemente no podrá saberse cuántas niñas y niños trabajan, y en qué condiciones lo hacen.

Pese a ello, y aunque ya se conocen en varios espacios, es pertinente mostrar algunos de los datos más relevantes que pueden conocerse a través de la información de que se dispone, y hacer un llamado a que se reconsidere este tipo de recortes presupuestales y se priorice la generación de datos relativos a la infancia mexicana, en cumplimiento del principio superior de la niñez.

Excluidos de la escuela

Un dato que sobresale es el relativo a la no asistencia a la escuela de niñas, niños y adolescentes. En efecto, es uno de los indicadores con mayor estancamiento: en 2011 la cifra fue de 2.57 millones entre los 5 y los 7 años de edad que no asistían a la escuela. Para 2013, el número descendió a 2.11 millones; para 2015 la reducción fue marginal, ubicándose en 2.08 millones; mientras que en 2017 se tuvo un nuevo incremento llegando una vez más a 2.12 millones de niñas, niños y adolescentes privados de su derecho a la educación.

Simultáneamente es importante destacar que en 2017 el Inegi estimó que había 29.34 millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años de edad; y que de ellos, 12.65 millones recibieron alguna ayuda del gobierno, siendo 7.15 millones quienes obtuvieron alguna beca para estudiar; 4.81 millones percibieron otro programa de gobierno; 576 mil recibieron ayuda de algún familiar que vive en otro hogar y 104 mil contaron con otro tipo de ayuda; en contraste, hubo 16.68 millones que no tuvieron ningún tipo de ayuda, de los cuales 8.56 millones eran hombres y 8.12 millones, mujeres. Esto significa que el 56.6% de quienes se encontraban en edad escolar obligatoria en 2017 no recibió ninguna ayuda o beneficio de programas públicos o privados.

La tragedia del trabajo infantil

Según la Organización Internacional del Trabajo, a nivel mundial 7 de cada 10 niñas y niños que trabajan lo hacen en el sector agrícola; en México ése es uno de los mayores rezagos, pues no se ha logrado, a pesar de algunos avances, reducir significativamente el número de niñas y niños jornaleros agrícolas; a ellos deben sumarse quienes son víctimas de las peores formas de explotación infantil, como la mendicidad forzada o la trata de personas con fines de explotación sexual comercial.

En efecto, de acuerdo con los datos del Inegi, entre el 2011 y el 2017 la cifra de quienes tienen de 5 a 17 años de edad, y que trabajan, se redujo de 3.035 millones a 2.32 millones; es decir, 715 mil en un lapso de 6 años, o bien, un promedio aproximado de 119,166 por año. Esto significa que, al ritmo que vamos, tardaríamos 20 años más en la erradicación de este pernicioso fenómeno.

Excelsior

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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