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892 mil quieren asilo de EU; son 200 mil más que el año pasado

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Salvador Colindres salió de la tercera audiencia entre una corte de migración en San Diego y decidió regresar a Honduras, donde posiblemente corra riesgo mortal porque huyó por ser soldado amenazado por pandillas.

“De mi primera cita a esta ya fueron nueve meses. Mi familia me necesita; no me queda más que correr el riesgo de regresar”, dijo.

Salió de su casa el verano del año pasado y pensó que su caso era sólido, tenía documentos personales y pruebas, incluso una amenaza fatal, pero en San Diego encontró un sistema de justicia aletargado por innumerables casos pendientes.

Cuando, un par de meses después de salir de San Pedro Sula, llegó a Tijuana decidió hacer el proceso de manera ordenada.

“Primero, me inscribí en el libro que llevan para anotar a los migrantes y me tocó un número con el que pasé a mi primera audiencia a los dos meses. De ahí me dieron otra cita poco más de dos meses después, y desde esa a esta de ahorita fueron otros cinco meses, y yo ya dudaba en venir porque si me niegan (asilo), me deportan”, platicó el migrante de 28 años de edad.

Durante todo ese tiempo estuvo refugiado en un albergue de Tijuana, Juventud 2000, donde por lo menos le garantizaron alimentos y un lugar para dormir y asearse, pero platica que el trabajo siempre fue difícil de conseguir.

Tenía que conseguir recursos para ir a la Corte en San Diego, California. Sólo pudo trabajar como jornalero algunas veces, en parte porque la ilusión de conseguir el asilo le ayudaba a pensar que su situación se iba a corregir pronto.

Aparte de los casos como el de Salvador, que llevan desde el inicio todo el proceso en regla, están los de miles de migrantes que se entregan a la Patrulla Fronteriza y quienes en una especie de sanción son enviados a citas a San Diego, pero con comparecencias iniciales para agosto, septiembre o incluso diciembre. Después de esa audiencia tienen otras, más espaciadas.

El proceso “está mucho muy tardado, y a casi nadie le dan asilo”. Así que con lo poco que gano como jornalero y que todavía no enviaba a su familia, decidió este fin de semana volver por sus propios medios.

José María “Chema” García Lara, el coordinador del refugio que albergó a Salvador, informó que esa historia es ahora el proceso regular de los migrantes tanto centroamericanos como mexicanos que buscan asilo.

“Cada vez más son procesos que terminan con los migrantes que se van de regreso a sus lugares de origen, principalmente por las largas esperas, y que no tienen ingresos; se desesperan y algunos deciden cruzar como indocumentados la frontera, pero la mayoría regresa a sus pueblos”, dijo García Lara.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) informó que hasta finales de abril –el último mes completo computado— las cortes de migración tenían retrasados 892 mil 517 casos. Esto es unos 200 mil más que el año pasado, y están todavía por reabrirse unos 359 mil casos que se suponía estaban resueltos, pero que reactivó el exprocurador Jeff Sessions.

De acuerdo con el Centro de estudios México Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego (UCSD), actualmente hay unos 13 mil migrantes en la frontera mexicana que ya han solicitado asilo y se encuentran en espera de que lleguen las fechas de sus citas.

Pedro Ríos, director del Comité de Servicios Amigos Americanos en San Diego, dijo que es probable que la red de refugios o albergues en ciudades como Tijuana puedan colapsar, si el nuevo acuerdo de los gobiernos de México y Estados Unidos envía a miles de personas más a esperar asilo a la frontera de México.

Los refugios “han tenido un equilibrio muy frágil porque han contado con ayuda de la sociedad civil, principalmente estadunidense, pero si el número de migrantes que envíe Estados Unidos aumenta, la ayuda en México puede colapsar”.

Es un riesgo, dijo, aun si el gobierno de México envía ayuda a la frontera para asistir a los migrantes que lleguen por el nuevo acuerdo.

Excelsior

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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