El presidente de Chile, Sebastián Piñera, informó este viernes que se prohibirá el ingreso al país de más de 100 personas ligadas al gobierno del mandatario Nicolás Maduro, tras señalar que «valora y apoya» el informe de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
En rueda de prensa, Piñera aseguró que se impedirá el ingreso al país “de más de 100 personas que están ligadas con la dictadura de Venezuela y con los crímenes que esta dictadura ha cometido”. La medida ya ha sido aplicada por otros países como Argentina, Colombia, Estados Unidos, Perú y Canadá.
Creo que es un informe necesario, útil para poder avanzar frente a los graves y trágicos problemas que afectan a Venezuela”, dijo Piñera sobre el reporte presentado por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación de las garantías en el país sudamericano.
Indicó que su gobierno solicita a Bachelet que entregue el informe y todos los antecedentes y evidencia que lo sustentan ante la Corte Penal Internacional, reportó el diario local La Tercera.
También pidió al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que forme una comisión permanente que “vigile» y «supervise» la situación de las garantías fundamentales de los venezolanos.
Piñera consideró que la única solución a «la tragedia que vive el pueblo venezolano, es que termine esta dictadura, que se constituya un gobierno de transición y que se llame lo antes posible a elecciones limpias, libres, transparentes y democráticas”.
El informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusó al gobierno de Maduro de graves violaciones a los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de los venezolanos, además condenó la violencia y abusos de las fuerzas de seguridad.
El gobierno venezolano rechazó el documento al señalar que presenta una «visión selectiva y abiertamente parcializada», y presentó 70 observaciones al documento.
Campos de detención: el terrible plan de Trump contra los migrantes
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las alarmas en el ámbito migratorio al adelantar un plan que, de concretarse, marcaría un giro radical en la política de deportaciones de Estados Unidos. Sus recientes declaraciones apuntan a la creación de un sistema masivo de detención y expulsión, respaldado por el ejército, lo que ya ha generado controversia entre expertos, activistas y políticos de todas las esferas.
Una emergencia nacional para deportaciones masivas
Trump, quien regresará a la Casa Blanca en 2025, reafirmó en la plataforma Truth Socialque su administración estaría preparada para declarar un estado de emergencia nacionalcon el objetivo de enfrentar lo que ha llamado «una invasión permitida por Joe Biden».
Esta declaración se suma a los comentarios de Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, quien sugirió que se utilizarían recursos militares para implementar un programa de expulsiones masivas. El expresidente respondió tajantemente: «¡Es verdad!».
El alcance de este plan incluye el despliegue de la Guardia Nacional y, si es necesario, tropas federales. «La Guardia Nacional debería ser capaz de encargarse de las deportaciones; si no, usaría el ejército», afirmó Trump en una entrevista con Time en abril.
Durante su presidencia, Trump endureció significativamente las políticas migratorias, pero sus nuevas propuestas revelan un nivel de agresividad sin precedentes. A esto se suma, la idea de establecer «campos de detención» en Texas, en donde se albergaría a los migrantes antes de ser deportados.
Texas ofrece tierras para la construcción de campos de detención masiva
La comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, ha propuesto una medida que podría convertirse en el primer paso hacia la creación de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
En una carta dirigida al presidente electo Donald Trump, Buckingham ofreció al gobierno 567 hectáreas de tierra ubicadas en el condado de Starr, cerca de Rio Grande City, para la construcción de instalacionesdestinadas a procesar, detener y deportar a migrantes de manera masiva.
Este terreno, que actualmente se utiliza para cultivos agrícolas como cebollas, canola y maíz, sería destinado a albergar campos de detención, una propuesta que ha generado gran controversia en medio del debate migratorio.
Buckingham destacó que la Oficina General de Tierras de Texas está lista para colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para hacer realidad este proyecto, el cual se alinea con los planes de Trump para reforzar las políticas de deportación y control fronterizo.
Sheinbaum reacciona a deportaciones masivas y campos de detención
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su desacuerdo con laspolíticas migratorias propuestas por Donald Trump, especialmente en relación con la posible deportación masiva de migrantes y la construcción de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
Durante su conferencia de prensa mañanera, Sheinbaum destacó que su gobierno no acepta que los migrantes sean tratados como criminales, subrayando que existen instituciones de justicia para abordar estos temas de manera adecuada.
«Primero, evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales, para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo», afirmó la mandataria, quien también enfatizó la relevancia de la contribución de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.
En este sentido, Sheinbaum detalló que su administración tiene cuantificados los beneficios que estos migrantes aportan al país vecino, tanto a nivel laboral como en términos de impuestos.
Como parte de las preparaciones para un posible cambio de administración en Estados Unidos, Sheinbaum informó que su gobierno trabaja en un plan para enfrentar la eventualidad de deportaciones, asegurando que, en caso de que se den, México está listo para recibir a los connacionales deportados.
«En caso de que hubiera deportaciones nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos, tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales, que al contrario, benefician incluso la economía de Estados Unidos», añadió.
Además, la mandataria anunció que, en los próximos días, se celebrará una reunión con su gabinete para definir los temas clave que se tratarán con el equipo de Trump una vez que este asuma la presidencia, entre los que se incluyen la seguridad, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como cuestiones culturales y de amistad bilateral.