La Justicia brasileña ordenó hoy la transferencia del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva desde Curitiba, donde cumple una pena de prisión por corrupción y lavado de dinero, a un centro penitenciario de Sao Paulo aún por determinar.
Lula da Silva (2003-2010) se encuentra detenido desde el 7 de abril de 2018 en la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde purga una condena de 8 años y 10 meses de cárcel por su implicación en la trama de corrupción de la Lava Jato.
Las autoridades no precisaron cuándo ni a qué prisión el exmandatario podría ser transferido.
En el auto, la magistrada Carolina Lebbos subrayó «la plena pertinencia de la transferencia» para Sao Paulo y recordó que «no hay razones» para mantener el cumplimiento de la pena «en un lugar distante del núcleo familiar y social».
La transferencia fue solicitada por la Superintendencia Regional de la Policía Federal del estado de Paraná, cuya capital es Curitiba, tras alegar que, debido al encarcelamiento de Lula da Silva, los cuerpos de seguridad deben de actuar de forma «permanente» para evitar enfrentamientos entre «grupos antagónicos».
La defensa del expresidente, sin embargo, solicitó que cualquier decisión judicial aguarde el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre un hábeas corpus solicitado por los abogados, según dijeron fuentes del Instituto Lula.
El exmandatario fue condenado a 9 meses y 6 meses de prisión por el juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, después de dar por comprobado que Lula da Silva recibió un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de favores políticos a la constructora OAS.
La pena fue ampliada en segunda instancia a 12 años y 1 mes y rebajada posteriormente en tercera instancia a 8 años y 10 meses.
Sobre Lula da Silva ya pesa otra condena a otros 12 años de cárcel en un caso muy similar, pero dictada hasta ahora en primera instancia y aún no confirmada en la segunda.
Desde que fue encarcelado, Lula da Silva permanece en una celda especial, de 15 metros cuadrados y adaptada a su condición de expresidente, en el edificio de la Policía Federal en Curitiba, ciudad del sur del país en la que tiene sede el tribunal a cargo de la operación anticorrupción conocida como Lava Jato.
El antiguo líder sindical, acorralado por diversas causas judiciales, se dice víctima de una persecución judicial que tiene como objetivo apartarle del escenario político, y que lo dejó fuera de las elecciones presidenciales de octubre pasado, las cuales ganó Jair Bolsonaro.
Campos de detención: el terrible plan de Trump contra los migrantes
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las alarmas en el ámbito migratorio al adelantar un plan que, de concretarse, marcaría un giro radical en la política de deportaciones de Estados Unidos. Sus recientes declaraciones apuntan a la creación de un sistema masivo de detención y expulsión, respaldado por el ejército, lo que ya ha generado controversia entre expertos, activistas y políticos de todas las esferas.
Una emergencia nacional para deportaciones masivas
Trump, quien regresará a la Casa Blanca en 2025, reafirmó en la plataforma Truth Socialque su administración estaría preparada para declarar un estado de emergencia nacionalcon el objetivo de enfrentar lo que ha llamado «una invasión permitida por Joe Biden».
Esta declaración se suma a los comentarios de Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, quien sugirió que se utilizarían recursos militares para implementar un programa de expulsiones masivas. El expresidente respondió tajantemente: «¡Es verdad!».
El alcance de este plan incluye el despliegue de la Guardia Nacional y, si es necesario, tropas federales. «La Guardia Nacional debería ser capaz de encargarse de las deportaciones; si no, usaría el ejército», afirmó Trump en una entrevista con Time en abril.
Durante su presidencia, Trump endureció significativamente las políticas migratorias, pero sus nuevas propuestas revelan un nivel de agresividad sin precedentes. A esto se suma, la idea de establecer «campos de detención» en Texas, en donde se albergaría a los migrantes antes de ser deportados.
Texas ofrece tierras para la construcción de campos de detención masiva
La comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, ha propuesto una medida que podría convertirse en el primer paso hacia la creación de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
En una carta dirigida al presidente electo Donald Trump, Buckingham ofreció al gobierno 567 hectáreas de tierra ubicadas en el condado de Starr, cerca de Rio Grande City, para la construcción de instalacionesdestinadas a procesar, detener y deportar a migrantes de manera masiva.
Este terreno, que actualmente se utiliza para cultivos agrícolas como cebollas, canola y maíz, sería destinado a albergar campos de detención, una propuesta que ha generado gran controversia en medio del debate migratorio.
Buckingham destacó que la Oficina General de Tierras de Texas está lista para colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para hacer realidad este proyecto, el cual se alinea con los planes de Trump para reforzar las políticas de deportación y control fronterizo.
Sheinbaum reacciona a deportaciones masivas y campos de detención
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su desacuerdo con laspolíticas migratorias propuestas por Donald Trump, especialmente en relación con la posible deportación masiva de migrantes y la construcción de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
Durante su conferencia de prensa mañanera, Sheinbaum destacó que su gobierno no acepta que los migrantes sean tratados como criminales, subrayando que existen instituciones de justicia para abordar estos temas de manera adecuada.
«Primero, evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales, para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo», afirmó la mandataria, quien también enfatizó la relevancia de la contribución de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.
En este sentido, Sheinbaum detalló que su administración tiene cuantificados los beneficios que estos migrantes aportan al país vecino, tanto a nivel laboral como en términos de impuestos.
Como parte de las preparaciones para un posible cambio de administración en Estados Unidos, Sheinbaum informó que su gobierno trabaja en un plan para enfrentar la eventualidad de deportaciones, asegurando que, en caso de que se den, México está listo para recibir a los connacionales deportados.
«En caso de que hubiera deportaciones nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos, tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales, que al contrario, benefician incluso la economía de Estados Unidos», añadió.
Además, la mandataria anunció que, en los próximos días, se celebrará una reunión con su gabinete para definir los temas clave que se tratarán con el equipo de Trump una vez que este asuma la presidencia, entre los que se incluyen la seguridad, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como cuestiones culturales y de amistad bilateral.