Un tribunal determinó el martes que Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del expresidente Porfirio Lobo, es culpable de delitos relacionados con actos de corrupción.
La ex primera dama fue hallada responsable de tres delitos de apropiación indebida continuada y ocho delitos de fraude, por los que pasaría de 58 a 87 años en prisión.
Según el Ministerio Público, la esposa del exmandatario se apoderó de más de 12 millones de lempiras (unos 480.000 dólares), que tomó de una cuenta a nombre del Despacho de la Primera Dama y Casa Presidencial y depositó en su cuenta personal cuatro días antes de que terminase el gobierno de su esposo.
El tribunal especializado en temas de corrupción también encontró culpable al exsecretario privado del Despacho de la Primera Dama, Saúl Fernando Escobar, acusado por ocho delitos de fraude a título de autor directo.
En el caso de un tercer encausado, Mauricio Mora Padilla, cuñado de Bonilla de Lobo, fue absuelto por los ocho delitos de fraude y lavado de activos y se ordenó su inmediata libertad.
A los tres se les vincula en el caso denominado «Caja chica de la dama», que fue divulgado inicialmente por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Luego se inició una investigación con la fiscalía que duró cuatro meses y que concluyó con la captura de la ex primera dama en febrero de 2018, fecha desde la cual guarda prisión en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva, dijo a The Associated Press que los fondos transferidos a la cuenta de Bonilla fueron parte de una supuesta donación a la Unidad de Desarrollo Comunitario del Despacho de la Primera Dama (UDECO) para la compra de uniformes y zapatos para niños de escuelas públicas que nunca se hizo.
También, según la investigación, Bonilla de Lobo, su cuñado —que fungía como director de la UDECO— y Saúl Escobar se apropiaron de 16 millones de lempiras (unos 650.000 dólares) que sacaron a través de más de 70 cheques emitidos a nueve empresas de fachada entre 2011 y 2015.
Al salir del juicio, Lobo (2010-2014) declaró a medios locales que va a presentar los recursos que dispone la ley para lograr revertir el fallo, y que podría acudir incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
No vamos a descansar hasta que mi Rosa esté libre”, expresó el exgobernante.
Al mismo tiempo mostró su descontento con el presidente Juan Orlando Hernández y con la MACCIH, a los que culpa de todo lo que le ocurre a su esposa.
Hernández fue presidente del Congreso Nacional durante el gobierno de Lobo, e incluso recibió el apoyo de éste para llegar a la presidencia. Pero a raíz del proceso judicial contra Bonilla de Lobo, ha señalado al gobernante de estar detrás de un complot en contra de él y de su familia, y ha pedido su renuncia.
En 2015, el hijo del exmandatario, Fabio Lobo, fue capturado en Haití y extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, donde meses después fue condenado a 24 años de cárcel.
Campos de detención: el terrible plan de Trump contra los migrantes
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las alarmas en el ámbito migratorio al adelantar un plan que, de concretarse, marcaría un giro radical en la política de deportaciones de Estados Unidos. Sus recientes declaraciones apuntan a la creación de un sistema masivo de detención y expulsión, respaldado por el ejército, lo que ya ha generado controversia entre expertos, activistas y políticos de todas las esferas.
Una emergencia nacional para deportaciones masivas
Trump, quien regresará a la Casa Blanca en 2025, reafirmó en la plataforma Truth Socialque su administración estaría preparada para declarar un estado de emergencia nacionalcon el objetivo de enfrentar lo que ha llamado «una invasión permitida por Joe Biden».
Esta declaración se suma a los comentarios de Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, quien sugirió que se utilizarían recursos militares para implementar un programa de expulsiones masivas. El expresidente respondió tajantemente: «¡Es verdad!».
El alcance de este plan incluye el despliegue de la Guardia Nacional y, si es necesario, tropas federales. «La Guardia Nacional debería ser capaz de encargarse de las deportaciones; si no, usaría el ejército», afirmó Trump en una entrevista con Time en abril.
Durante su presidencia, Trump endureció significativamente las políticas migratorias, pero sus nuevas propuestas revelan un nivel de agresividad sin precedentes. A esto se suma, la idea de establecer «campos de detención» en Texas, en donde se albergaría a los migrantes antes de ser deportados.
Texas ofrece tierras para la construcción de campos de detención masiva
La comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, ha propuesto una medida que podría convertirse en el primer paso hacia la creación de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
En una carta dirigida al presidente electo Donald Trump, Buckingham ofreció al gobierno 567 hectáreas de tierra ubicadas en el condado de Starr, cerca de Rio Grande City, para la construcción de instalacionesdestinadas a procesar, detener y deportar a migrantes de manera masiva.
Este terreno, que actualmente se utiliza para cultivos agrícolas como cebollas, canola y maíz, sería destinado a albergar campos de detención, una propuesta que ha generado gran controversia en medio del debate migratorio.
Buckingham destacó que la Oficina General de Tierras de Texas está lista para colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para hacer realidad este proyecto, el cual se alinea con los planes de Trump para reforzar las políticas de deportación y control fronterizo.
Sheinbaum reacciona a deportaciones masivas y campos de detención
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su desacuerdo con laspolíticas migratorias propuestas por Donald Trump, especialmente en relación con la posible deportación masiva de migrantes y la construcción de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
Durante su conferencia de prensa mañanera, Sheinbaum destacó que su gobierno no acepta que los migrantes sean tratados como criminales, subrayando que existen instituciones de justicia para abordar estos temas de manera adecuada.
«Primero, evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales, para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo», afirmó la mandataria, quien también enfatizó la relevancia de la contribución de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.
En este sentido, Sheinbaum detalló que su administración tiene cuantificados los beneficios que estos migrantes aportan al país vecino, tanto a nivel laboral como en términos de impuestos.
Como parte de las preparaciones para un posible cambio de administración en Estados Unidos, Sheinbaum informó que su gobierno trabaja en un plan para enfrentar la eventualidad de deportaciones, asegurando que, en caso de que se den, México está listo para recibir a los connacionales deportados.
«En caso de que hubiera deportaciones nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos, tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales, que al contrario, benefician incluso la economía de Estados Unidos», añadió.
Además, la mandataria anunció que, en los próximos días, se celebrará una reunión con su gabinete para definir los temas clave que se tratarán con el equipo de Trump una vez que este asuma la presidencia, entre los que se incluyen la seguridad, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como cuestiones culturales y de amistad bilateral.