Los enfrentamientos en Ecuador han recrudecido en las últimas horas con la llegada de miles de manifestantes indígenas a Quito, lo que ha provocado la evacuación del Palacio presidencial y el traslado de la sede de Gobierno a Guayaquil.
Las estrechas calles del centro histórico volvieron a convertirse este lunes en un campo de batalla entre manifestantes de distintos grupos y la policía, con la quema de neumáticos, lanzamiento de piedras, cócteles Molotov y destrucción masiva de propiedad pública.
Como en las de la semana pasada, en las protestas de este lunes también tomaron parte grupos de izquierdas, sindicalistas y jóvenes de distintas afiliaciones políticas de oposición, a los que se sumaron los primeros indígenas que consiguieron llegar a Quito.
Su llegada a la avenida 10 de Agosto, a la altura de San Blas, con dirección al casco antiguo, condujo al inevitable choque con cientos de agentes del orden a pie y a caballo, que les lanzaron gases lacrimógenos y trataron de cortarles el paso hacia la Presidencia.
Escenario de fuertes disturbios fue la emblemática plaza de Santo Domingo, a unos cientos de metros de la presidencia y de la que la Policía debió retirarse ante el insistente avance de los manifestantes.
Por el momento no se ha informado de si se han producido víctimas, y la confusión continuaba en toda la zona en medio de las denuncias por la violenta actuación de las fuerzas del orden en los últimos días.
Las protestas comenzaron poco después de que fuerzas militares evacuaran el Palacio de Carondelet, y trasladaran a Guayaquil al presidente Lenín Moreno.
Desde esa ciudad, el mandatario compareció ante la ciudadanía por televisión y radio para pedir calma y tender la mano a los grupos sociales, a la vez que acusaba al expresidente Rafael Correa, de un “intento de golpe de Estado”.
Lo que ha sucedido no es una manifestación social de protesta frente a una decisión de Gobierno. Aquí hay una manifestación política para romper el orden democrático”, dijo antes de lanzar los dardos a sus tradicionales oponentes estos dos últimos años.
Campos de detención: el terrible plan de Trump contra los migrantes
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las alarmas en el ámbito migratorio al adelantar un plan que, de concretarse, marcaría un giro radical en la política de deportaciones de Estados Unidos. Sus recientes declaraciones apuntan a la creación de un sistema masivo de detención y expulsión, respaldado por el ejército, lo que ya ha generado controversia entre expertos, activistas y políticos de todas las esferas.
Una emergencia nacional para deportaciones masivas
Trump, quien regresará a la Casa Blanca en 2025, reafirmó en la plataforma Truth Socialque su administración estaría preparada para declarar un estado de emergencia nacionalcon el objetivo de enfrentar lo que ha llamado «una invasión permitida por Joe Biden».
Esta declaración se suma a los comentarios de Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, quien sugirió que se utilizarían recursos militares para implementar un programa de expulsiones masivas. El expresidente respondió tajantemente: «¡Es verdad!».
El alcance de este plan incluye el despliegue de la Guardia Nacional y, si es necesario, tropas federales. «La Guardia Nacional debería ser capaz de encargarse de las deportaciones; si no, usaría el ejército», afirmó Trump en una entrevista con Time en abril.
Durante su presidencia, Trump endureció significativamente las políticas migratorias, pero sus nuevas propuestas revelan un nivel de agresividad sin precedentes. A esto se suma, la idea de establecer «campos de detención» en Texas, en donde se albergaría a los migrantes antes de ser deportados.
Texas ofrece tierras para la construcción de campos de detención masiva
La comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, ha propuesto una medida que podría convertirse en el primer paso hacia la creación de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
En una carta dirigida al presidente electo Donald Trump, Buckingham ofreció al gobierno 567 hectáreas de tierra ubicadas en el condado de Starr, cerca de Rio Grande City, para la construcción de instalacionesdestinadas a procesar, detener y deportar a migrantes de manera masiva.
Este terreno, que actualmente se utiliza para cultivos agrícolas como cebollas, canola y maíz, sería destinado a albergar campos de detención, una propuesta que ha generado gran controversia en medio del debate migratorio.
Buckingham destacó que la Oficina General de Tierras de Texas está lista para colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para hacer realidad este proyecto, el cual se alinea con los planes de Trump para reforzar las políticas de deportación y control fronterizo.
Sheinbaum reacciona a deportaciones masivas y campos de detención
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su desacuerdo con laspolíticas migratorias propuestas por Donald Trump, especialmente en relación con la posible deportación masiva de migrantes y la construcción de campos de detención en la frontera sur de Estados Unidos.
Durante su conferencia de prensa mañanera, Sheinbaum destacó que su gobierno no acepta que los migrantes sean tratados como criminales, subrayando que existen instituciones de justicia para abordar estos temas de manera adecuada.
«Primero, evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales, para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo», afirmó la mandataria, quien también enfatizó la relevancia de la contribución de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.
En este sentido, Sheinbaum detalló que su administración tiene cuantificados los beneficios que estos migrantes aportan al país vecino, tanto a nivel laboral como en términos de impuestos.
Como parte de las preparaciones para un posible cambio de administración en Estados Unidos, Sheinbaum informó que su gobierno trabaja en un plan para enfrentar la eventualidad de deportaciones, asegurando que, en caso de que se den, México está listo para recibir a los connacionales deportados.
«En caso de que hubiera deportaciones nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos, tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales, que al contrario, benefician incluso la economía de Estados Unidos», añadió.
Además, la mandataria anunció que, en los próximos días, se celebrará una reunión con su gabinete para definir los temas clave que se tratarán con el equipo de Trump una vez que este asuma la presidencia, entre los que se incluyen la seguridad, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como cuestiones culturales y de amistad bilateral.