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Acaparan contratos de la 4T empresas surgidas al vapor, Reciben contratos por 366 mdp

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Con la llegada de la Cuarta Transformación (4T) surgieron de la nada al menos 171 empresas para convertirse en proveedoras gubernamentales y tan sólo en el primer año de este sexenio que acapararon por asignación directa 366 millones de pesos de 92 dependencias federales.

Durante una investigación, quedó al descubierto que hasta un 77 por ciento de los miembros de los consejos de administración de estas nuevas compañías surgidas con la llegada del gobierno lopezobradorista carecen de experiencia en el área empresarial.

Antes de retirarse del atletismo para brincar a la arena política mexicana, Ana Gabriela Guevara rompió marcas mundiales durante casi 20 años, ahora desde la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) la exvelocista y medallista olímpica intenta romper otros récords al otorgar con enorme rapidez contratos directos a empresas con menos de dos meses de haberse creado.

Pero no es la única, es un fenómeno que se está extendiendo por todo el nuevo gobierno de López Obrador, pues a la par que este se instalaba en Palacio Nacional, nacían compañías “al vapor” y al mismo tiempo los titulares de las nuevas dependencias federales que lo integraban fueron asignando de manera directa contratos millonarios a dichas empresas.

Quinto Elemento Lab, realizó una investigación que dejó al descubierto a 171 empresas creadas entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019 como receptoras de transferencias económicas por un monto global de 366 millones de pesos por parte de 92 dependencias de la Administración de Andrés Manuel López Obrador, apenas en el primer año de gobierno.

Dichos montos bajo el amparo de 561 contratos gubernamentales, siete de cada diez de estos por adjudicación directa y de acuerdo con una revisión en la base de datos de Compranet sin que mediara una convocatoria pública.

Luego de revisar un centenar de documentos patrimoniales en registros públicos de México, Estados Unidos y Panamá, Quinto Elemento Lab descubrió a los nuevos proveedores gubernamentales, a los socios y empresarios que fundaron estas sociedades , la fecha de creación de estas compañías según sus claves alfanuméricas del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Sobre los contratos, quedó al descubierto que 398 (71%) fueron asignados por adjudicación directa; 92 (16%) bajo el sistema de invitación a tres personas y solo 71 (13%) de ellos fue concursado bajo un proceso de licitación pública.

En abril de 2019 el Presidente justificó el método de las adjudicaciones directas en su gestión pues dijo que tenían el objetivo de “combatir la corrupción”, pero antes de su llegada a Palacio Nacional, López Obrador solía criticar la asignación de contratos gubernamentales sin concurso. Acusó que gobierno anteriores simulaban procesos de licitación que en realidad favorecían a empresas extranjeras, todo eso quedó en el olvido.

LAS CONSENTIDAS

Sobre el grupo de empresas con acceso a contratos directos de la administración de López Obrador, el 77% carece de experiencia empresarial según un cotejo en el Registro Público del Comercio (RPC) los padrones locales de proveedores y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Los que si tienen trayectoria empresarial, casi un tercio integran sociedades comerciales, pero consiguieron contratos con el gobierno federal en bienes y servicios ajenos totalmente a su experiencia corporativa.

Las consentidas surgieron a un ritmo de entre 13 y 14 por mes, entre el 1 de noviembre de 2018 un mes previo a la asunción de López Obrador y febrero de 2019 se crearon 90 de las 171 empresas según la información de los RFC y el padrón de CompraNet.

De hecho los contratos por asignación directa que consiguieron, fueron los primeros durante su primer trimestre de existencia y en algunos casos aun no cumplían sus primeros 15 días cuando ya tenían amarrados sus contratos.

Fuente: Revista Proceso

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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