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México

Regidora destituida e inhabilitada por 10 años cobra pensión de 108 mil pesos

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El viernes 28 de febrero, el Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco determinó que se otorgará a la ex funcionaria una pensión que responde a su función como ex regidora de Guadalajara. Al finalizar el mes, Elisa Ayón recibirá su primer pago.

Para poder disfrutar de los beneficios de una pensión de jubilación, Elisa Ayón debió seguir contribuyendo con el pago a Pensiones del Estado, a pesar de no estar activa en un puesto público.

Destitución

La decisión del Congreso del Estado de Jalisco de destituir e inhabilitar a la ex funcionaria priista, se debió al juicio político aprobado, por haber incurrido en el abuso de autoridad, además de las inconsistencias en sus declaraciones respecto a su situación patrimonial.

En un comunicado de prensa, el Congreso del Estado de Jalisco precisa: “[…]En virtud de que la investigación, respecto a los bienes consignados en las declaraciones patrimoniales formuladas por la denunciada, Ayón Hernández, se detectaron que existen falsedades en los datos proporcionados, se instruyó a la Secretaría General del Congreso para que remita copia del expediente a la Fiscalía General del Estado, a fin de que realice las indagatorias que correspondan y tome las determinaciones que procedan.”

La solicitud de juicio político fue promovida por el ciudadano Gregorio López, quien acusó a la ex funcionaria de cometer conductas irregulares y abuso de autoridad contra comerciantes ambulantes y empleados de la Dirección de Panteones del Ayuntamiento de Guadalajara.

Respecto a esta acusación, el 7 de noviembre de 2013 se difundió una grabación en la que Ayón Hernández atenta contra los derechos laborales y humanos de los trabajadores municipales. La ex regidora aceptó sus acciones y ofreció disculpas por las palabras antisonantes que expresó en la grabación.

En cuanto a sus bienes patrimoniales, la ex funcionaria se negó a comparecer ante la Comisión de Responsabilidades para aclarar las imputaciones que se le hicieron, por lo que el Órgano Técnico de Responsabilidades revisó el caso, encontrando inconsistencias.

En el juicio político a Ayón Hernández, otros funcionarios subieron al estrado con el propósito de razonar el voto. El entonces diputado, Clemente Castañeda Hoeflich, dijo que Elisa Ayón no surgió de una generación espontánea, y que los actos de corrupción que cometió no son productos de la casualidad ni se trata de eventos aislados. Así se manifestó Castañeda Hoeflich:

“Estamos frente a una de las múltiples caras que el PRI (Partido Revolucionario Institucional) ha engendrado en la vida pública de Jalisco y de México. Detrás de este caso se esconden los “patrones”, como ella misma delataba; se esconde una probable red de complicidad en todo el Ayuntamiento de Guadalajara, y se esconden años de un modelo de tráfico de intereses y abuso de poder en ese municipio.”

Por otra parte, el diputado Víctor Sánchez Orozco expresó que ese día fue un acontecimiento histórico, ya que se realizó un juicio político en contra de Elisa Azuyo. Además señaló a la corrupción e impunidad como las acciones que más han dañado la democracia. Sentenciando: “Es el abuso de poder lo que ha caracterizado al PRI y hoy no tiene otra opción más que aceptar ese estilo particular de gobernar.”

Fuente: Infobae

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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