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Pide Coparmex a senadores rechazar iniciativa de reforma a Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

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La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) manifiesta respetuosamente al Senado de la República su inquietud y rechazo a la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para modificar los artículos 3 fracción LXIV y 170 fracción I, así como para adicionar los artículos 216 (fracción VI) y un segundo párrafo al artículo 249.

La iniciativa planteada tendría las siguientes implicaciones:

1) Detrimento a la libertad de expresión, pues la reforma al artículo 170 sujeta a las plataformas que deseen prestar servicios de “streaming” a autorización previa por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Los servicios de streaming se convertirían de hecho en servicios altamente regulados, como los servicios de televisión y audio restringidos. Estas autorizaciones podrían volverse un instrumento de control sobre el contenido que debe circular libremente en la internet. Regresar al viejo sistema de concesiones para la transmisión de información es una mala idea y contraria a la letra y el espíritu del artículo 6 de la Constitución que garantiza la libertad de expresión de todos.

2) Reducción de la competencia generada por la autorización previa para prestar servicios de “streaming”, como sucedió en los servicios de televisión y audio restringidos y en los servicios de televisión abierta, reduciendo las opciones de los consumidores. Las autorizaciones se convertirán en una barrera de entrada a los nuevos servicios y nuevos contenidos.

3) Violaciones a los tratados de libre comercio, incluido el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), recién aprobado por el propio Senado de forma abrumadora. Estas violaciones se centran en temas como la restricción al acceso a mercado, y requisitos de desempeño, como es la cuota de contenido nacional que se busca imponer a las plataformas de streaming.

4) Disminuye la certidumbre jurídica de creación de contenido audiovisual en México, tanto nacional como extranjero. México destaca como generador y exportador de contenidos audiovisuales de gran calidad. Lo anterior ha sido posible en buena medida gracias a la existencia de una cadena de valor competitiva, producto del desarrollo de todos sus eslabones y resultado directo de la confianza que las plataformas digitales han tenido de poder invertir en el país y desarrollar contenido sin ningún tipo de restricciones.

Además, denunciamos que este miércoles 18 de marzo, sin contar con el quórum legalmente necesario, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, aprobaron la iniciativa presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del partido Morena.

El proceso parlamentario no fue legal, ya que no hubo el quórum legalmente requerido por el Reglamento del Senado de la República, que en su Artículo 146, numeral 2, indica que: “Se considera inasistencia a una reunión cuando el senador no registra su asistencia conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Asimismo, si no se encuentra presente durante las votaciones de proyectos de dictamen”.

La iniciativa presentada por el senador Monreal Ávila implica un detrimento de un entorno que hasta hoy es propicio a la certidumbre, la inversión, así como la libre oferta y demanda de contenidos, donde impera el gusto y la libre decisión del consumidor, que ha demostrado ser proclive a una mayor generación de contenidos en México, tanto por parte de empresas de producción nacionales como extranjeras.

En la COPARMEX exhortamos respetuosamente a las senadoras y senadores de la LXIV legislatura, a que rechacen esta reforma. México es ya una potencia de generación de contenidos audiovisuales gracias a un entorno de libre competencia. La competencia ha sido uno de los principales pilares para el desarrollo de esta industria, la generación de contenidos de gran valor y la conquista de audiencias.

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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