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En cuánto tiempo pierdes tu derecho a la atención médica si te despiden de tu trabajo

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El tema de desempleo genera en estos momentos de crisis, además de tensión, incertidumbre, ya que en algunos casos se pierde el acceso de atención médica que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un derecho que de no contar con él, puede poner en riesgo la vida de un trabajador.

Durante la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se dio a conocer el momento en que un empleado pierde el derecho a los servicios de salud, sin importar si siga percibiendo su salario de nómina por parte de su patrón o no.

En medio de la crisis de salud por la pandemia de coronavirus, que en México ya dejó 141 decesos, es importante recalcar que los empleados deben considerar lo siguiente.

Verificar constantemente la vigencia de acceso al Seguro Social, ya que si la empresa donde se labora no paga las cuotas del servicio ocasionará un impacto directo, pues el empleado no podrá atenderse en ningún hospital del IMSS.

Cuando un trabajador es dado de baja en el seguro social, tiene un lapso de ocho días para perder todo derecho.

Es decir, en el momento en que una persona es separada de esa prestación empiezan a contar las ocho semanas y justo al terminar, un aproximado de dos meses, ya no podrá hacer uso de ningún servicio en el IMSS.

Además, los trabajadores que fueron despedidos de sus empleos, pero ya tenía ocho semanas que el patrón no pagaba el seguro, significa que por ley tampoco tiene acceso a nada.

Y es que existe la posibilidad de que un empleado piense que no tienen ningún problema, pues sigue recibiendo su sueldo vía nómina; sin embargo, hay muchas empresas que lo primero que dejan de pagar es ese derecho.

Durante la conferencia de AMLO, se detalló que las pequeñas empresas han aguantado más la crisis actual generada por el COVID-19 y registran solidaridad hacia sus subordinados.

Sin embargo, las grandes empresas han dejado de abonar a la prestación de acceso a la salud con el objetivo de ahorrar, lo que simboliza un problema grave en estos momentos de propagación del virus en México.

Del 13 de marzo al 6 de abril han sido despedidos en el país, al menos 346,878 trabajadores de 20.4 millones, quienes pertenecen al sector formal e informal por el COVID-19. Es decir, 1.4% de los empleados sin amparos de seguro social porque los patrones no pagaban.

Son alrededor de seis entidades las que reflejan una separación de sus trabajadores al IMSS, es decir, cerca de un 56% del total.

Los datos revelaron que pequeñas empresas, de 1-5 trabajadores son las que más han mostrado solidaridad y las que más han resistido a la contingencia.

Hay que destacar, que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) tendrán el beneficio de acceder a un préstamo por parte del gobierno, para capitalizarse y poder enfrentar la crisis económica que ha generado el coronavirus en el país.

Desde Palacio Nacional, el presidente de México destacó que la ayuda será destinada a pequeñas empresas familiares para que puedan mantener su negocio.

Por ello, anunció cuál será el plan “bajo palabra” de apoyo a los comercios formales e informales (tianguis, vendedores ambulantes. Asimismo, detalló cuáles serán los bancos que participarán y cómo se desarrolló la selección para otorgar los préstamos.

Fuente: Infobae

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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