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Decreta AMLO la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2024

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El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación este lunes, la participación permanente de las Fuerzas Armadas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial”.

La vigencia de la participación del Ejército y Marina está pactada para concluir el 27 de marzo de 2024.

El decreto establece que la participación militar no puede exceder de cinco años contados a partir de su entrada en vigor.

El documento agrega que “la Fuerza Armada permanente, en el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública a que se refiere el presente Acuerdo, realizará las funciones que se le asignen conforme a las atribuciones que prevén las fracciones I, II, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XXV, XXVII, XXVIII y XXXIV del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional”.

El decreto aclara que la participación de la Fuerza Armada será siempre en coordinación con la Guardia Nacional para complementar sus funciones.

“En el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública, la Fuerza Armada permanente se regirá en todo momento por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos, en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y observará la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en la materia».

“Se instruye al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la Guardia Nacional”.

Las funciones militares estarán bajo vigilancia de un organismo contralor.

“Las tareas que realice la Fuerza Armada permanente en cumplimiento del presente instrumento, estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda”.

El documento también señala de dónde saldrán los costos del despliegue. “Deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado a la dependencia que reciba el apoyo, para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes”.

Divide opiniones

Para algunos analistas de seguridad, la medida decretada por López Obrador es un paso más a la militarización del país, mientras que otros lo vieron como un complemento de la estrategia de seguridad que comenzó con la creación de la Guardia Nacional.

“Le da atribuciones para vigilar y detener, personas, operativos a nivel municipal y detener migrantes”, estableció Martha Tagle en su cuenta de Twitter.

Para Javier Oliva no se puede hablar de militarización pues «los números no dan”. El especialista dijo a ADN 40 que los efectivos militares desplegados en las calles están regionalizados por las necesidades propias del clima de inseguridad.

Fuente: Infobae

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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