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Pidieron a dependencias federales recortar el 75% de sus gastos

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como parte de las medidas de austeridad planteadas por el gobierno de la Cuarta Transformación, redujo los gastos generales a todas dependencias del gobierno federal durante la segunda mitad del año.

Los titulares de administración y finanzas en diferentes instituciones a nivel federal, recibieron la instrucción de no ejercer el 75% de su presupuesto disponible en los capítulos Materiales y Suministros, así como en servicios generales, de acuerdo con el periódico El Universal.

“El decreto establece que las medidas de austeridad serán aplicables a todo el Poder Ejecutivo, incluyendo a organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos”, revelaron.

Entre los recortes a Servicios Generales, destaca la disminución de gastos en las erogaciones para la energía eléctrica, el agua, el teléfono, la línea del celular, internet, servicio postal y arrendamiento de edificios. También señalan las asesorías científicas, técnicas o estudios e investigaciones, así como traducciones, impresión de documentos oficiales y servicio de vigilancia.

En cuanto a Materiales y Suministros, mermarán en equipos de oficina, impresiones, material estadístico y geográfico, consumibles informáticos, limpieza, productos alimenticios, materiales de construcción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, combustibles, lubricantes, aditivos, herramientas y refacciones.

Sin embargo, se especifica en el documento publicado por El Universal que una vez alcanzada la meta de austeridad y los gastos se hayan acatado a la disposición, podrán ejercer los recursos remanentes con cargo a las partidas correspondientes.

El oficio de carácter “urgente y categórico” está firmado por la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, mismo que fue emitido para hacer valer el decreto de Andrés Manuel López Obrador donde se establecen las nuevas medidas de austeridad para diferentes entidades gubernamentales.

El mandatario público a través del Diario Oficial de la Federación que a raíz del coronavirus, ningún trabajador será despedido, pero tampoco tendrán aumentos en sus plantillas y los altos funcionarios se llevan un duro golpe.

La medida de austeridad republicana plantea que altos funcionarios se sumen con la reducción de hasta el 25% de sus gastos en lo que queda del año. Esta medida es de manera progresiva para que quien gana más, aporte más y los niveles inferiores tengan menos recorte. Durará, además, hasta diciembre de 2020.

Además, los altos funcionarios ahora se despedirán de sus aguinaldos y prestaciones de fin de año. Desde los subdirectores en distintas áreas del gobierno federal e incluso el presidente, deberán adoptar la medida cuanto antes.

Por último, pidieron la cancelación de 10 subsecretarías, pero garantizaron al empleado un trabajo de mismo rango e ingresos; mantener las Tandas para el Bienestar, así como la atención y las medicinas gratuitas; precios de garantía; distribución de fertilizantes; apoyo a pescadores; además la continuidad de las mega obras como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o el Aeropuerto Felipe Ángeles.

“Todo esto es para proteger al 70% de los mexicanos y a 25,000,000 de hogares, sobre todo en sectores pobres y clases medias. Todo sin aumentar impuestos ni el precio de combustibles”, aseguró el presidente mexicano.

En este sentido, López Obrador, dijo que aumentaría el presupuesto destinado a programas sociales y proyectos prioritarios en unos USD 25,620 millones con el fin de enfrentar la crisis derivada del coronavirus, la cual ha agravado la recesión económica en el país.

Fuente: Infobae

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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