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Alexander, el adolescente que soñaba con ser futbolista profesional, y que policías mataron “por accidente”

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“Si la policía ya sabe quiénes son los malos, ¿por qué se meten con los niños? ¿Por qué mataron a mi niño?

Con la voz rota, Victoria Gómez se lleva las manos a la cara y manotea al aire para tratar de sacar de alguna forma la rabia. A continuación, grita. Insulta. Maldice. Y con los ojos desencajados, vuelve a buscar una respuesta entre la multitud que la rodea en un silencio sepulcral y a la que pregunta insistentemente por qué, por qué, y mil veces por qué.

Por qué hace tan solo una hora, en la noche del martes 9 de junio, un policía disparó en la cabeza a su hijo Alexander, un adolescente de 16 años.

“Mi hijo tenía un sueño, quería ser futbolista profesional. Yo iba con él a todas partes. Yo lo llevaba a entrenar y a jugar sus partidos. ¡Yo luché con él para superar todos los obstáculos! ¡Y miren lo que le han hecho! -dice la mujer apuntando hacia la puerta metálica de la clínica San Miguel, en Acatlán de Pérez, Oaxaca-. ¡Me lo quitaron! ¡Me lo arrancaron de mi sangre! ¡Me lo mataron!”.

A continuación, tal y como se aprecia en un video que tomó un familiar la noche del martes, Victoria llama de entre la multitud a otros tres jóvenes que caminan hacia ella en silencio y restregándose las lágrimas de los rostros aún imberbes, lampiños.

“¡Mírenlos! -pide Victoria a la gente señalando a los jóvenes que aún se debaten entre la niñez y la adolescencia-. ¿Estos son los delincuentes que buscaban los policías? ¿Estos niños? -pregunta de nuevo, ante las miradas huidizas de los jóvenes, aún atemorizados y en estado de shock-.

Ellos son los amigos que iban con ‘Chander’, como lo llamaban.

Esa misma noche, apenas una hora y media antes, sobre las 22:30 horas, los cuatro tomaron las motos para ir a una tienda de autoservicio que hay junto a una gasolinera, ya en terreno de Vicente Camalote, Oaxaca. Allí compraron unos refrescos para acompañar la pizza que iban a compartir en casa de Alexander.

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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