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Bajo la tutela de la DEA: espionaje y trasiego de armas en México

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WASHINGTON.- Según documentos del gobierno mexicano se confirma que la administración de Felipe Calderón Hinojosa fue informada sobre los operativos de trasiego “controlado” de armas, pero además la DEA asesoró a la PGR para instalar un “centro de intercepción de comunicaciones” y fijó la estrategia para espiar a ciudadanos mexicanos.

A principios de octubre de 2011 se elaboró una circular respecto de los asuntos que tratarían en la Ciudad de México la entonces titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales y su par estadounidense Eric Holder.

“Se destaca, según el documento, que existen dos temas que, en este momento, repercuten en los congresos de ambos países, los cuales se abordarán en la reunión”, así comienza el documento cuya copia posee la revista Proceso, y que fue elaborado el 10 de junio de 2011 por Enrique Escamilla, consejero de la embajada de México en Estados Unidos, dicho documento está dirigido a Arturo Sarukhán, entonces embajador mexicano ante Washington.

Los puntos destacados son a).- Rápido y Furioso: incluir Wide Reciver, así como cualquier otra operación en la que se pudiesen haber utilizado mecanismos de investigación como los usados en estos dos casos. Se debe insistir en la necesidad de controlar la información y resultados precisos sobre las investigaciones y b).- Supuesta inmunidad de Vicente Zambada Niebra (hijo del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada García)”.

Y añade con letras en rojo una ‘Observación’: la información difundida en medios de comunicación refleja la estrategia de la defensa de Zambada”.

Fuente: Vanguardia

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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