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El Supremo impide a Trump la deportación de 700 mil jóvenes inmigrantes

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Es la segunda vez esta semana que el Tribunal Supremo de Estados Unidos asesta un duro golpe a las políticas discriminatorias de Donald Trump. Este jueves, por una ajustada mayoría —cinco contra cuatro—, la máxima instancia jurídica del país ha rechazado eliminar la protección legal para 700.000 jóvenes que llegaron de niños a Estados Unidos. El presidente del Supremo, el conservador John Roberts, ha señalado que las acciones de la Administración habían sido “arbitrarias” y “caprichosas” pero también ha indicado que no eran una violación de la cláusula de protección de la igualdad de la Constitución, lo que hubiera protegido a DACA (Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia) frente a un nuevo asalto. La decisión impide, por el momento, la deportación de esos 700.000 jóvenes inmigrantes.

Conocidos como dreamers (soñadores), Barack Obama puso en pie en 2012 a través de una acción ejecutiva el programa conocido como DACA, que protegía de la deportación a centenares de miles de jóvenes sin residencia legal en el país y les concedía un permiso de trabajo, que deben renovar cada dos años, aunque no constituye un camino a la plena ciudadanía. Desde su llegada a la presidencia, Donald Trump ha tratado de eliminar el programa alegando que ponerlo en marcha fue una decisión “ilegal” e “inconstitucional”. El presidente, a través de su cuenta de Twitter, ha tildado de “horrible” y “motivada políticamente” la decisión del Supremo.

Trump, que precisamente desde su llegada al poder ha logrado inclinar la balanza del Supremo en favor de los conservadores, carga ahora contra el tribunal. “¿Tenéis la impresión de que no le gusto al Tribunal Supremo?”, ha preguntado el mandatario este jueves en Twitter. En opinión del republicano, las últimas decisiones adoptadas por el tribunal “son disparos en la cara de las personas que se enorgullecen de llamarse republicanos o conservadores”. “Necesitamos más jueces o perderemos nuestra Segunda Enmienda y todo lo demás”, ha dicho, aludiendo al derecho de los ciudadanos a portar armas.

En una decisión ajustada, por 5 votos a favor y 4 en contra, los magistrados rechazaron los argumentos de la Administración de Trump de que DACA es ilegal y que los tribunales inferiores no tienen potestad para revisar la decisión de eliminarlo. La Casa Blanca lleva más de dos años intentando tumbar el programa que garantiza la permanencia de los dreamers en suelo estadounidense. Jeff Sessions, antiguo fiscal general de Trump, aconsejó a la Administración que acabara con DACA, argumentando que era ilegal su permanencia.

Sin duda, la esperada decisión del Supremo dará todavía más relevancia al asunto de la inmigración en la campaña de las elecciones presidenciales del próximo noviembre, tema que observa de manera favorable la opinión pública del país, que ve con simpatía a quienes llegaron de niños a EE UU y han vivido aquí prácticamente toda su vida, según distintos sondeos. A pesar de que Trump prometió en su primer día al frente del cargo revocar DACA, el mandatario tardó ocho meses en pasar a la acción, lo que reveló un comprensible temor a sus consecuencias políticas, en un marco en el que el Congreso de EE UU ha fracasado repetidamente en lograr aprobar una ley de reforma migratoria.

Fuente: El País

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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