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Homicidio de juez federal en Colima, crimen de Estado: SCJN

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El homicidio del juez federal Uriel Villegas se trata de un crimen de Estado, señaló el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

«Que no haya duda de que este es un crimen de Estado y que cuando hay un crimen de Estado todas las instituciones del Estado mexicano estaremos del mismo lado, aquí no caben las diferencias, no caben las políticas, no caben ninguna otra distracción y estaremos muy atentos de cómo se viene desenvolviendo estas investigaciones». Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro Presidente de la SCJN.

Al participar en el foro «El Poder Judicial ante la Pandemia», Lelo de Larrea informó que sostuvo comunicación con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, quienes le manifestaron todo el respaldo institucional para dar con los responsables del crimen contra el juez federal Uriel Villegas.

«Se tomó desde el principio muy en serio este tema, él (Gertz Manero) acudió con su equipo para hacerse cargo de esta responsabilidad, él conoce la gravedad de un caso como estos y me ha ofrecido todo el apoyo, toda la seriedad para que se sepa la verdad y se sancione a los responsables, le tengo confianza personal y profesional al doctor Gertz Manero». Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro Presidente de la SCJN.

Uriel Villegas renunció a su seguridad

El ministro presidente aclaró que el juez federal Uriel Villegas se encontraba sin seguridad por decisión propia, pues renunció a la seguridad que les brinda a los jueces el Estado mexicano para garantizar su integridad y la de su familia.

«Él optó por renunciar a la seguridad que le venía dando el Consejo de la Judicatura. Al darnos cuenta los asuntos tan delicados que llevaba, el pleno le hizo llegar un oficio, en el cual le pedía reconsiderar su decisión y se le establecía en qué había consistido el dictamen de la Comisión de Vigilancia. El juez consideró que no la requería y ratificó que no la necesitaba. Él nos había comentado que él se sentía más a gusto, que llamaba menos la atención, que en su adscripción, en Colima, que no corría ningún riesgo». Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro Presidente de la SCJN

No se le retiró seguridad por tema de austeridad

Zaldívar Lelo de Larrea, descartó que el homicidio del juez federal Uriel Villegas hubiera sido por negligencia del Consejo de la Judicatura Federal, pues la seguridad no se le retiró por temas de austeridad presupuestal; además, aclaró que el juzgador no recibió amenazas previas al ataque que lo privó de la vida.

«He visto mucha mezquindad de algunas personas que han afirmado, sin ninguna prueba, que se le retiró la seguridad por un tema de austeridad, en el tema de seguridad de juzgadores federales no ha habido austeridad. En la mayoría de los casos que hemos tenido que tomar medidas ha habido amenazas, aquí no hubo ninguna amenaza, fue realmente, en muchos sentidos, sorpresivo». Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro Presidente de la SCJN.

Impunidad, derrota al sistema de justicia

Advirtió que si este caso queda en la impunidad, será una derrota del sistema de justicia y del Estado de derecho en México que, dijo, estará “herido de muerte”.

«Si este caso no se resuelve, es una derrota para el Estado Mexicano; si este caso no se resuelve, el Estado de derecho, en México, quedará herido de muerte. Éste es un caso que se tiene que resolver y se tiene que resolver bien, en beneficio de todas y de todos, por salud de la República». Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro Presidente de la SCJN.

Señaló que, como consecuencia de la polarización del país, se ha caído en el exceso de calificar el trabajo de los juzgadores, según sus fallos y la relación con el poder público.

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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