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Estados Unidos sanciona a empresarios y compañías en México por sus lazos con Venezuela

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Estados Unidos ha sancionado este jueves a tres empresarios y ocho compañías con sede en México a las que acusó de participar en una red para intentar evadir las penalizaciones que ha impuesto Washington al sector petrolero de Venezuela para presionar la salida de Nicolás Maduro. El país sudamericano enfrenta una escasez de combustibles debido a las constantes sanciones impuestas por Washington a los países que le venden el hidrocarburo al régimen chavista.

El Departamento del Tesoro sostuvo que los empresarios Joaquín Leal Jiménez, Olga María Zepeda Esparza y Verónica Esparza García, así como las entidades Libre Abordo y Schlager Business Group y otras bajo su control, pasaron a formar parte de la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Las sanciones se traducen en el congelamiento de todos los bienes e intereses económicos que los penados tengan en EE UU y se les prohíbe cualquier transacción que involucre a individuos y entidades estadounidenses.

“El régimen ilegítimo de Maduro creó una red secreta para evadir las sanciones que el Tesoro ha expuesto ahora”, afirmó el subsecretario del Tesoro Justin G. Muzinich. “Estados Unidos continuará persiguiendo implacablemente a los evasores de sanciones, quienes saquean los recursos de Venezuela para beneficio personal a expensas del pueblo venezolano”, agregó en un comunicado.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, no tardó en reaccionar. En un mensaje publicado en Twitter en el que se dirige al secretario de Estado, Mike Pompeo, califica las sanciones como criminales y anuncia que llevará el caso a la Corte Penal Internacional. “Hagan lo que hagan no torcerán la voluntad del pueblo venezolano. Ninguno de sus planes ha funcionado con Venezuela, ni funcionará. Gracias por sus confesiones y elementos de prueba para llevarlos a la Corte Penal Internacional”, escribió Arreaza.

Las sanciones llegan la misma semana en que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dejara la puerta abierta para vender gasolina a Venezuela, si el régimen de Maduro se lo pide, y si lo hacen por “una necesidad humanitaria”.

Desde al menos 2019, sostiene el Tesoro, que el régimen de Maduro y la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) han trabajado con Alex Naím Saab Morán, empresario de origen colombiano y Leal para evadir las sanciones de Estados Unidos y ayudar en la venta de petróleo crudo de origen venezolano. Una de las técnicas en las que habrían participado los empresarios fue disfrazar un programa de “petróleo por alimentos” que finalmente no habría resultado en la entrega de comida en Venezuela. Saab y Joaquín Leal, en colaboración con las empresas con sede en México Libre Abordo y Schlager Business Group, negociaron la reventa de más de 30 millones de barriles de petróleo crudo en nombre de PDVSA, aproximadamente el 40% de las exportaciones de petróleo de la compañía en abril de 2020, detalla Washington.

Fuente: Reuters

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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