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Estados Unidos satura a México con 119 mil armas

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Autoridades de Estados Unidos recuperaron en México un promedio anual de 17 mil armas en la última década.

Principalmente, estas armas fueron aseguradas a criminales o utilizadas en hechos violentos, como el atentado contra Omar García Harfuch, jefe de la policía capitalina.

Entre 2009 y 2018, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés), recobró en suelo mexicano 169 mil 790 armas, de las cuales 118 mil 994, 70% del total, llegaron vía EU porque fueron fabricadas en ese país o importadas desde allá.

Entre las casi 170 mil armas de fuego recuperadas se encuentran pistolas, con 43% del total, rifles o fusiles de asalto (36%); revólveres (12.5%); escopetas (6.5%) y armamento como ametralladoras, “dispositivos destructivos” o bengalas (2%).

Este año, en el país, se han decomisado 3,764 armas de fuego de enero a junio, según un reporte de seguridad.

En diez años, autoridades de Estados Unidos recuperaron en México un total de 169 mil 790 armas de fuego, decomisadas principalmente a grupos criminales o utilizadas en hechos violentos, como el atentado del viernes contra Omar Garcia Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

De acuerdo con datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés), 70% de ese total de armas recuperadas entre 2009 y 2018 llegaron a nuestro país vía EU, es decir, 118 mil 994 piezas.

La versión más reciente del reporte Sistema de Rastreo de Armas de Fuego, elaborado periódicamente por la Oficina de Inteligencia Estratégica e Información de la ATF, indica que la mayor parte del armamento asegurado en delitos cometidos en territorio mexicano fue fabricado o importado a EU, mientras que el restante fue manufacturado en otros países o no se puede determinar su origen.

El rastreo de armas que realiza la ATF es un proceso largo que incluye identificar el modelo, calibre y número de serie de la pieza, así como ubicar al fabricante o distribuidor que lo vendió, incluyendo licenciatarios federales, mayoristas o minoristas.

El reporte detalla que en 2009 se recuperaron en México 14 mil 604 armas fabricadas o importadas en EU; siete mil 345 en 2010; 16 mil 028 en 2011; 13 mil 722 en 2012; 11 mil 133 en 2013; 11 mil 521 en 2014; 12 mil 721 en 2015; nueve mil 559 en 2016; diez mil 855 en 2017 y 11 mil 506 en 2018.

Luego de que en 2009 la ATF permitió que dos mil 500 armas fueran compradas ilegalmente y transportadas a México, bajo la operación Rápido y Furioso, las autoridades estadunidenses mantienen el rastreo y recuperación de armas que llegan a nuestro país.

Entre las casi 170 mil armas de fuego recuperadas se encuentran pistolas, revólveres, rifles, escopetas y otros tipos, que pueden ser ametralladoras, dispositivos destructivos, bengalas, pistolas de bengalas, lanzadores de gases lacrimógenos, silenciadores o cualquier otra clase de arma.

Las pistolas dominan por cantidad en el reporte, con 72 mil 936 piezas, 43% del total. Le siguen los rifles o fusiles de asalto, con 60 mil 858 (36%); los revólveres, con 21 mil 059 (12.5%); 11 mil 300 escopetas (6.5%) y tres mil 639 de otro tipo (2%).

EN MÉXICO

En lo que va del año, las fuerzas federales les han asestado importantes decomisos a grupos criminales.

Un reporte de seguridad detalla que de enero a junio se aseguraron tres mil 63 presuntos delincuentes, diez mil 465 vehículos terrestres, 17 aeronaves, 23 embarcaciones, tres mil 764 armas de fuego, 550 mil 151 cartuchos, 11 mil 724 cargadores, 240 granadas, 23 laboratorios y dos pistas de aterrizaje, además de cinco millones 506 mil 327 dólares y 63 millones 251 mil 704 pesos.

Fuente: Excelsior

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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