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Emboscaron y asesinaron a cinco policías en Guanajuato

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Este viernes, un comando acribilló a balazos a al menos cinco elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y dejó dos más heridos. El ataque se ha producido durante las primeras horas del día en Salamanca, una tierra hasta hace tres años alejada del terror de la narcoviolencia.

Los criminales emboscaron la camioneta donde viajaban los efectivos, en la carretera Apaseo el Grande Jerécuaro, y después de asesinar a sangre fría se han dado a la fuga. No hay, de momento, ningún detenido. La zona está cercada desde hace horas por agentes federales, en una búsqueda a contrarreloj contra los grupos criminales de la entidad.

El secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca, lamentó los hechos y reiteró su poyo a las familias de las víctimas.

Horas antes del atentado, un grupo criminal abrió fuego en contra de cuatro trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), dejando a tres de ellos sin vida.

La agresión se registró en la colonia Bellavista, en el municipio de Salamanca, donde varios sujetos dispararon contra los empleados de la paraestatal. Dos de las víctimas fallecieron en la zona, mientras uno más perdió la vida en el hospital.

El gobierno de la región lamentó los hechos e hizo un llamado a la administración estatal para revisar la estrategia de seguridad. “La catástrofe que vivimos los guanajuatenses está presente día y noche y es por eso que con profundo dolor enviamos nuestra condolencias”.

Guanajuato está sembrado por oleoductos de la estatal Pemex y se ha convertido en los últimos años en una de las zonas más fructíferas para este grupo del crimen organizado.

Durante los primeros seis meses de 2020, el estado gobernado por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo contabilizó un total de 51 homicidios cometidos contra agentes de la policía.

Entre las corporaciones con más elementos caídos en ataques o emboscadas, destaca el municipio de Celaya donde sumaron 16 asesinatos, seguido de Silao con ocho.

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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