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Congresos aprueban reformas a modo rumbo al 2021

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La emergencia epidemiológica no impide que en las entidades se hagan reformas a modo rumbo a la batalla electoral del próximo año.

En el lapso de la pandemia, al menos 20 congresos locales han aprovechado la mayoría de Morena para modificar leyes electorales locales y así favorecer al partido gobernante o incluso al propio órgano legislativo.

Si bien no son reformas como la Ley Bonilla, que buscaba ampliar el periodo de gobierno en Baja California, estados como Tabasco, Morelos, Puebla y Veracruz aprobaron –o aprobarán– cambios para desaparecer instancias electorales, avalar la intervención gubernamental en los organismos encargados de los comicios, reducir recursos a partidos y crecer el número de legisladores, entre otros.

En Chiapas, por ejemplo, el Congreso recién aprobó modificaciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, que permitirán votar a las personas privadas de la libertad y a los prófugos de la justicia. Además, aumentó los requisitos para las candidaturas independientes.

CONGRESOS ACOMODAN LEYES ELECTORALES PARA 2021

De cara al inicio del año comicial 2021, los Congresos de 20 estados han hecho reformas a la legislación electoral local, aprovechando el uso de las mayorías diputacionales, para favorecer a los partidos locales gobernantes o al propio órgano legislativo.

Durante el periodo de la pandemia por el covid-19, las Legislaturas de 20 entidades, que en su mayoría son Congresos dominados por Morena, realizaron reformas legales que se aplicarán en los próximos procesos electorales.

Aunque no han hecho modificaciones legales de alcances como los que pretendía la Ley Bonilla, para ampliar el periodo de gobierno, en estados como Tabasco, Morelos, Puebla y Veracruz han avalado –o están por hacerlo– cambios para la desaparición de instancias electorales, la intervención gubernamental en los organismos encargados de los comicios, la reducción de recursos a los partidos y el incremento en el número de legisladores, entre otros.

La legislación prevé que no se realicen modificaciones a las leyes electorales federales y locales 90 días antes del inicio del proceso electoral.

En los Congresos de Baja California, Campeche, Chiapas y Sinaloa hicieron reformas para cambiar las fechas del inicio del proceso electoral.

En los órganos legislativos de Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Yucatán avalaron reformas contra la violencia política de género y para garantizar la paridad en las contiendas electorales.

En el caso de Baja California, el Congreso local intentó impulsar una reforma que denominaron la Ley Bonilla II, que pretendía acotar de seis a tres años el periodo del próximo gobernador, la cual no fue aprobada, pero los diputados locales dieron luz verde a la eliminación de los diputados plurinominales, por lo que ahora los 25 legisladores locales deberán ser votados.

En Chiapas, el Congreso con mayoría morenista recién aprobó modificaciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, que permitirán votar a las personas privadas de la libertad y a los prófugos de la justicia. Además, aumenta los requisitos para las candidaturas independientes.

En Chihuahua, el Congreso local bateó la reforma electoral del gobernador Javier Corral, que pretendía implementar elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en los próximos comicios para definir las candidaturas a gobernador y a presdiente municipal. No obstante, los legisladores avalaron eliminar la edad máxima para que un gobernador sea electo, que era de 70 años.

El Congreso de Guerrero aprobó la reelección de sus propios integrantes, los diputados, y los ediles, sin necesidad de solicitar licencia.

En Hidalgo, la Legislatura avaló la revocación de mandato, pero todavía analiza una reforma que prevé la reducción a tres años del periodo de gobierno en los municipios.

Las reformas electorales en Querétaro, contra las cuales Morena presentó una acción de inconstitucionalidad, condiciona a cinco años la residencia en la entidad a quienes aspiren a la candidatura a la gubernatura y limita la propaganda y los debates en medios de comunicación.

En Morelos incrementaron el número de legisladores de 20 a 24; mientras que el Congreso de Puebla pretende retirar al Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) la facultad de elegir al titular de la Contraloría, para cederla al Poder Legislativo.

En San Luis Potosí se realizó una reforma electoral que dejó intacto el tema de las alianzas electorales, como lo demandaba la oposición, así como el aumento del porcentaje de la votación tres a 3.7 para conservar el registro.

En Tabasco, los diputados avalaron la desaparición las juntas municipales, por lo que todas las tareas de concentrarán en las juntas distritales.

En Oaxaca, el Congreso tiene en manos una iniciativa de Morena para reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para adelantar un año la elección de gobernador, para que se realice en 2021, bajo el argumento de que se ahorraría recursos ante la crisis sanitaria por el covid-19.

México

México y Estados Unidos pactan entregas de agua del río Bravo bajo tratado de 1944

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México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo técnico para la gestión y entrega de agua en la cuenca del río Bravo, en apego al Tratado de Aguas de 1944, en un contexto marcado por una sequía extrema que ha presionado a comunidades, productores agrícolas y ecosistemas a ambos lados de la frontera.

El entendimiento es resultado de meses de negociaciones técnicas y políticas, y tiene como objetivo garantizar el cumplimiento del tratado, al tiempo que se protege el derecho humano al agua y a la alimentación. A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura y Medio Ambiente, junto con la Comisión Nacional del Agua, confirmaron el compromiso de México para realizar entregas mínimas anuales conforme a las condiciones hidrológicas de la cuenca y a los mecanismos establecidos en el acuerdo binacional.

Como parte del nuevo esquema, México se comprometió a entregar al menos 350 mil acres-pie de agua por año, equivalentes a 431.7 millones de metros cúbicos, durante el próximo ciclo de cinco años. Este volumen permitirá avanzar en el cumplimiento del tratado mientras se implementa un plan para saldar la deuda acumulada del periodo quinquenal anterior y evitar nuevos déficits hídricos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el acuerdo fue construido en coordinación con los gobernadores de los estados del norte del país, con el fin de diseñar un esquema de afectación mínima que permita cumplir con los compromisos internacionales sin comprometer el abasto interno. Entre las entidades involucradas se encuentran Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Sonora, regiones que dependen en gran medida del río Bravo para el consumo humano y las actividades productivas.

El plan técnico acordado contempla una gestión más ordenada del recurso, reuniones mensuales de seguimiento y acciones de planeación de largo plazo que incluyen infraestructura, adaptación al cambio climático y una distribución más previsible del agua. Autoridades mexicanas subrayaron que el Tratado de 1944 continúa siendo un instrumento clave para salvaguardar los intereses nacionales y la estabilidad agrícola.

Desde Estados Unidos, funcionarios señalaron que el acuerdo fortalece la seguridad hídrica del sur de Texas y beneficia a agricultores y ganaderos del Valle del Bajo Río Grande, en una región afectada por la caída histórica de los niveles del río, la sobreexplotación y la contaminación del afluente.

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