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Por austeridad, Secretaría de Economía limita uso de papelería, luz y agua en baños

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Aún cuando la Secretaría de Economía decidió cancelar el retiro de equipo de cómputo, mantendrá el recorte de gastos, según establece en los lineamientos de austeridad para sus empleados, en los que ordena sólo el uso “indispensable” de energía eléctrica y agua en los sanitarios; informa el retiro refrigeradores, hornos de microondas, cancelación de impresión de documentos y la entrega de papelería cada mes.

También están cancelados los servicios de fumigación y jardinería, por lo que invita a los funcionarios a “adoptar una planta” y limpiar sus áreas de trabajo; habrá menos vigilantes en los inmuebles y los autos propiedad del gobierno se quedarán estacionados el resto del año por falta de presupuesto para el mantenimiento y gasolina.

Apenas este sábado, el portal de noticias Expansión dio a conocer que serían retiradas 3 de cada 4 computadoras en la Secretaría de Economía, lo que obligaría a los funcionarios públicos a llevar su computadora portátil o comprar el equipo que usaban en su lugar de trabajo por 4 mil pesos, pero ayer los funcionarios recibieron un oficio con fecha del 3 de julio en el que se cancelaba esa medida.

Sin embargo, las acciones consecuentes al retiro de computadoras fue tema de trabajo en una reunión del 29 de junio entre funcionarios de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Economía, a cargo de Luis García Sánchez, y la dirección general de Tecnologías de la Información, a cargo de Juan Miguel De la Garza Chacón.

De acuerdo con la minuta de dicho encuentro, los directivos informaron que no había recursos ni servicios tecnológicos suficientes para almacenar la información de la dependencia contenida en dichos equipos, por lo que los funcionarios debían encargarse del respaldo.

Para cumplir con el decreto de austeridad del gobierno Federal que establece la obligatoriedad de disminuir 75% del presupuesto de las partidas de servicios generales y materiales y suministros, la Secretaría de Economía diseñó lineamientos que fueron notificados a través del oficio circular No. 700.2020.00003711.2020.01 el pasado 26 de junio, obtenido por Animal Político.

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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