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Gobierno actuó tarde en epidemia de COVID-19: organización reporta impactos económicos y de salud

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La respuesta del gobierno federal a la pandemia de COVID-19 fue tardía y deficiente, de acuerdo con el reporte de la organización Signos Vitales, quien afirmó que hubo un rechazo a recomendaciones y medidas hechas por sociedad civil y por el sector privado.

En un reporte dado a conocer este 9 de julio, la organización señala que si bien la crisis por COVID-19 no es responsabilidad del gobierno mexicano, su respuesta sí lo es.

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“Las medidas que éste ha tomado no son acordes con los retos originados por la pandemia”, asegura el reporte que también hace una evaluación del impacto sanitario y económico que atraviesa México debido a la epidemia.

Entre las críticas que hace a la estrategia del gobierno están que al presidente Andrés Manuel López Obrador le tomó 20 días establecer la primera sesión del Consejo de Salubridad General después del primer contagio detectado en México, “ignorando el contexto de los escenarios sanitarios internacionales, así como las restricciones y advertencias que prácticamente todos los países del mundo estaban implementando”.

El informe asegura que ni el gobierno federal a través de las autoridades sanitarias, ni el mismo CSG tuvieron la “suficiente coordinación con el sector privado” para resistir la contracción económica y el impacto sanitario del virus.

“No se establecieron medidas severas para aislar a pacientes o sus contactos, ni tampoco para hacer efectivo el confinamiento social. La política al respecto fue de ‘recomendación’ solamente y no de contener severamente la movilidad”, criticó Signos Vitales.

La organización tomó como ejemplos de malas decisiones autorización por parte del gobierno de la Ciudad de México realizar el 13 y 14 de marzo el concierto Vive Latino, y a los 10 días decretar la fase dos de la pandemia que llamaba al distanciamiento social.

Sostuvo que el gobierno quedó atrapado en la disyuntiva entre economía y salud, con el resultado de una pandemia que queda fuera de control y las actividades económicas descoordinadas.

“Ante la peor pandemia de los últimos cien años, se debió haber contado con un minucioso protocolo de actuación y aseguramiento de implementación de políticas, con medidas de seguimiento mucho más estrictas, severas y eficaces. A pesar de la información de reciente creación en torno a la COVID-19 que se menciona en la tabla anterior, no existe un documento, no por lo menos público, en donde se realicen recomendaciones sobre el manejo administrativo, presupuestal, de datos e indicadores y de prospectiva, en lo que refiere a la pandemia”, indicó.

Signos Vitales destacó que aunque no existe una metodología exitosa para diagnosticar y controlar la enfermedad de COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó a acelerar la aplicación de pruebas para detectar los contagios y tomar las medidas pertinentes, pero “esa opción no se siguió y parece ya tardía para el país”.

Al mismo tiempo criticó las “graves fallas en la comunicación” por parte del gobierno y del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell por contradicciones e información confusa en los mensajes que se enviaron a la ciudadanía.

“Los mensajes encaminados hacia la población han sido contradictorios durante todo este tiempo y nada señala que vayan a dejar de serlo en los meses por venir. Ello crea incertidumbre sobre el actuar de la población y un cuestionamiento fuerte sobre cuándo realmente llegaremos a reducir el número de contagios”, expuso.

Incluso, señaló que las limitaciones del Modelo Centinela sumadas al subregistro natural de las cifras de casos y defunciones generó desconfianza en la información oficial.

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Respuesta económica
Signos Vitales estimó que factores como el consumo desacelerado hasta decrecimiento, los subejercicios del gasto del gobierno federal, la inversión desincentivada, la incertidumbre en la toma de decisiones, así como la cancelación de proyectos, y la “continuada corrupción” afectaron la situación económica con la llegada de la epidemia.

Cuestionaron que la decisión del presidente López Obrador se haya basado solo en dos premisas: que no habría más deuda y no se rescatarían empresas de ningún tamaño, solo apoyo a familias.

“Esa fue toda la respuesta económica a la pandemia por parte del gobierno federal. Por el contrario, el Banco de México actuó con mayor decisión y fuerza. Era imperioso evitar que la crisis de oferta y demanda de bienes y servicios contagiara al sistema financiero”, expuso.

La organización insistió en que la ausencia de medidas de emergencia por parte del gobierno federal para sostener los niveles de ingreso y de empleo, “ha condenado a la economía y la sociedad a una crisis que se prolongará por años”.

Además, advierte que habrá al menos 10 millones de mexicanos en pobreza extrema adicionales a los que había en 2018; que la brecha digital será un motor de desigualdad pese a los esfuerzos de la Secretaría de Educación Pública por mantener las clases en el nivel básico; y que la violencia contra las mujeres se ha agudizado durante el confinamiento, pese a que el presidente lo ha minimizado.

Fuente: Animal Político

Chihuahua

Maru Campos encabeza reunión semanal de la Mesa de Seguridad

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La gobernadora Maru Campos encabezó la reunión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz en Palacio de Gobierno, en la que autoridades revisaron los avances en materia de atención integral a víctimas, protección a mujeres y estrategias de prevención del delito.

Durante la sesión, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia presentó un reporte sobre la incidencia de delitos, y los avances que tiene en las acciones de prevención e investigación.

Informó que al momento hay 250 generadores de violencia que cumplen con una condena, se ha atendido a 3 mil 679 mujeres con 30 mil servicios en materia psicológica y jurídica. Por su parte, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres brindó 8 mil 630 servicios.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer resultados de las intervenciones realizadas en la comunidad de Yoquivo, municipio de Ocampo, donde diversas dependencias estatales llevaron a cabo acciones de atención comunitaria, prevención del delito y búsqueda de personas.

También se brindaron servicios médicos, orientación jurídica, atención a víctimas, entrega de apoyos y actividades de sensibilización para promover la denuncia y el ejercicio de los derechos de la población.

Se efectuaron recorridos preventivos en caminos y comunidades de la región, para fortalecer la presencia institucional y mantener el monitoreo en zonas que registraron hechos relacionados con el delito de trata de personas.

La intervención fue realizada por la Agencia Estatal de Investigación, Fiscalía Especializada en Violación a Derechos Humanos, Comisión de Búsqueda y Desaparición Forzada, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado y Secretaría de Salud.

De acuerdo con el informe, la comunidad expresó estabilidad en el tema de seguridad y manifestó su deseo de que haya más intervenciones conjuntas.

En la asamblea estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya; el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz y en representación de la Fiscalía General de la Republica, Andrea Guzmán.

También asistió el comandante de la 5/a Zona Militar, Felipe González; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Israel Caro; el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila y la delegada de Programas para el Bienestar, Mayra Chávez.

Participó además, Ana Murga, encargada de despacho de la FEM; Raquel Bravo, directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres y Norma Ledezma, comisionada ejecutiva de atención a víctimas.

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