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Política

El pleito entre las influencers Mariana Rodríguez y Gaby Elizondo ex novias del Senador Samuel García

A través de su cuenta de Instagram, la influencer Gaby Elizondo denunció que la también influencer Mariana Rodríguez Cantú, esposa del senador Samuel García, que ha estado “bloqueando” su negocio de repostería.

“En varias ocasiones estamos a punto de firmar contratos con empresas y resulta que me lo bloquean, de que no, ella (Mariana) es la que trabaja con nosotros aquí en publicidad, entonces no se puede, dijo que si entras, ella no trabaja con nosotros y no entiendo el nivel de madurez, oigan”, mencionó Elizondo en sus historias de dicha red social.

Según un usuario de twitter, Rodríguez podría estar celosa de Elizondo, ya que fue novia de García, además de que aseguran le tiene envidia por tener un negocio exitoso.

«Me costó mucho trabajo atreverme a hablar de este tema públicamente porque los que llevan conmigo un año y medio ya, pues saben que no me gustan los chismes, la polémica y ese tipo de cosas. No va con mi persona y no me gusta, simplemente estoy muy ocupada en mi vida y en mi trabajo que no tengo tiempo», aseguró Gabriela.

Tras estas declaraciones, Mariana quiso defenderse y por el mismo medio que usó Gaby, le mandó un mensaje y aclaró lo que estaba sucediendo, asegurando que ella nunca la ha “bloqueado”.

“Tan estoy segura de que no he hecho nada que hable con Gaby. Le marqué y nos vimos en su oficina, le dije que no tenía absolutamente nada en contra de ella, que su pasado con Samuel era eso, pasado”, expresó Mariana.

Chihuahua

Capturistas del IEE denuncian falta de pago, abusos laborales y presuntas irregularidades tras elección judicial

Un grupo de capturistas de datos que participaron en el reciente proceso de elecciones judiciales del Instituto Estatal Electoral (IEE) se manifestó este miércoles frente a la Asamblea Distrital Morelos para denunciar una serie de abusos laborales, entre ellos el incumplimiento en el pago de salarios y finiquitos, así como condiciones laborales precarias y actos presuntamente irregulares.

Los trabajadores señalaron que el adeudo por persona asciende a $11,000 pesos, correspondientes a una quincena de trabajo valuada en $7,000 y un finiquito de $3,000. A pesar de haber concluido sus funciones conforme a lo establecido, acusaron que no han recibido los depósitos prometidos y que sus superiores han optado por deslindarse de toda responsabilidad.

Una de las acusaciones más delicadas proviene del testimonio de varios capturistas, quienes aseguran que fueron obligados a firmar recibos de pago sin haber recibido un solo peso. Además, denuncian que durante las jornadas de trabajo se les restringió la salida del recinto electoral y que fueron amenazados con consecuencias legales si intentaban manifestarse públicamente, al advertirles que incurrirían en un “delito federal”.

Los inconformes también expusieron las condiciones inadecuadas en las que laboraron durante el proceso electoral. Relataron que las jornadas laborales superaban las 18 horas sin pausas suficientes y, en ocasiones, sin alimentos. Cuando se les proporcionaba comida, esta llegaba en mal estado o en porciones insuficientes, lo que agravó el desgaste físico y emocional durante sus labores.

Al buscar una respuesta institucional, los trabajadores señalaron que en la Asamblea Distrital Morelos se limitaron a informarles que los contratos habían sido gestionados directamente por las oficinas centrales del IEE, ubicadas en la colonia Santo Niño, sin ofrecer mayor orientación ni comprometerse a intervenir.

El caso ha generado indignación entre los jóvenes capturistas, muchos de ellos estudiantes o recién egresados que se sumaron al esfuerzo democrático con la expectativa de un ingreso temporal y un entorno de respeto. Hoy, en cambio, enfrentan incertidumbre económica y un sentimiento de abandono institucional.

Hasta el momento, el IEE no ha emitido un posicionamiento oficial respecto a las denuncias. Los afectados advirtieron que, de no obtener una respuesta en las próximas horas, podrían escalar su protesta hacia otras sedes del organismo, incluyendo la oficina central, en busca de justicia y el cumplimiento de sus derechos laborales.

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