Hoy el periodista Carlos Loret de Mola revela en su columna para El Universal que «los fajos de billetes de los sobornos solían entregarse en bolsas de Louis Vuitton y de otras boutiques carísimas».
El ex director de Pemex Emilio Lozoya fue trasladado el viernes a un hospital por varios problemas de salud como anemia detectados a su llegada a México tras ser extraditado desde España, por lo que se pospuso su primera cita ante un juez mexicano, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Lozoya está acusado de corrupción.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que no ve mal una reducción de la pena al exdirector de Pemex si el detenido proporciona información sobre la trama Odebrecht y otros asuntos relacionados.
Hoy el periodista Carlos Loret de Mola revela en su columna para El Universal que «los fajos de billetes de los sobornos solían entregarse en bolsas de Louis Vuitton y de otras boutiques carísimas».
El ex empleado de Televisa dijo que el dinero lo denían en unas cajas fuertes en la zona de Polanco en la Ciudad de México.
«Medían como un metro y medio de altura (las cajas fuertes). Les cabía más cash de lo que uno pudiera imaginar. Sólo se abrían bajo las órdenes de Froylán Gracia García, brazo derecho del entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya. ¿Para qué servía ese cash? Para sobornar políticos en el marco de la aprobación de la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto», señaló.
Asimismo, Loret afirmó que » a veces se entregaban en los departamentos, a veces en la torre de Pemex, pero cuando se perdió el pudor, se veía a legisladores al terminar sus jornadas de trabajo, desfilando en los pasillos de las Cámaras de Diputados y Senadores con sus bolsas de marca rumbo al estacionamiento para guardarlas en las cajuelas de sus coches».
El ex conductor de Primero Noticias dijo que están en la mira muchos políticos del PAN, más que de otros partidos.
Lozoya, detenido en febrero en España y extraditado a México la semana pasada, fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2012 y 2016 y está acusado de recibir 10,5 millones de dólares en sobornos de la compañía brasileña Odebrecht y de participar en un fraude de 280 millones de dólares por la compraventa de una planta de fertilizantes.
«Es muy importante que la Fiscalía haya resuelto arreglar jurídicamente la extradición del señor Lozoya como testigo colaborador o como testigo protegido, porque esa información que pueda proporcionar va a ayudar mucho en el propósito de limpiar la corrupción en México», reveló el presidente.
López Obrador recordó que «no es un secreto» que un testigo protegido del caso declaró en Estados Unidos que «en México entregó sobornos por 10,5 millones de dólares y que por esos sobornos obtuvo utilidades de alrededor de 40 millones de dólares».
Por ello, el presidente mexicano reiteró la relevancia de «la información que ofrece (Lozoya) para profundizar en la investigación y castigar a más involucrados».
Además, señaló que «es muy importante» algo que «en Estados Unidos practican mucho, la recuperación el dinero».
«Nosotros queremos recuperar el dinero. Por ejemplo, si hubo un sobreprecio en la planta de fertilizantes, se calcula que fue un sobreprecio de 200 millones de dólares, eso tiene que devolverse al erario», explicó.
«Por eso yo no veo mal el procedimiento (del testigo protegido), que no se aplicaba en México aunque existe. Creo que se aplicaba en el caso de delincuentes relacionados con el narcotráfico, pero no a delincuentes de cuello blanco. Ya ven que había la diferencia», concluyó.
El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.
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