Habían transcurrido seis horas y media de la audiencia virtual cuando Emilio Lozoya Austin, a través de sus abogados, confirmó lo que por meses se especuló. De frente a una cámara colocada en su cuarto de hospital le dijo al juez que sí… que pudo haber cometido hechos que fueron delitos, pero que lo hizo sin intención y bajo las órdenes de un “aparato organizado de poder”.

El exdirector de Pemex no dio nombres ni cargos de los integrantes de ese aparato- aunque prometió que lo hará – pero la tesis detrás de su argumento de defensa creada por uno de los penalistas mas influyentes del mundo, y la temporalidad de los hechos que los fiscales describieron no dejan margen de duda: se trata del gobierno que encabezó el expresidente Enrique Peña Nieto y sus secretarios de Estado.

“Fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado…” dijo Lozoya, y completaron sus abogados: “en el marco de los hechos señalados por las y los agentes del Ministerio Público de la Federación, el señor Emilio L. fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso, en el marco de un aparato organizado de poder que se alejó del derecho de cara a la comisión de hechos como los referidos por la representación social el día de hoy”.

¿Qué hechos son estos? La presunta adquisición, a cambio de sobornos, de una planta chatarra por la cual Pemex habría perdido casi 8 mil millones de pesos en el gobierno de Peña, a los que se sumarán presuntos sobornos realizados por Odebrecht (con financiamiento electoral incluido) que hoy serán presentados en una nueva audiencia.

El que Lozoya Austin intente responsabilizar a sus superiores es algo que ya se preveía desde el momento en que se anunció que el exfuncionario peñista buscaba colaborar con FGR, para denunciar delitos mas graves de corrupción que los que a el se le imputan, a cambio de obtener beneficios legales.

Pero lo que la audiencia de casi doce horas de duración realizada ayer puso al descubierto fue la estrategia: un plan que ha sido utilizado con éxito para denunciar entramados criminales que permitió llevar a la cárcel al expresidente de Perú, Alberto Fujimori, mientras que en Colombia permitió construir casos contra el crimen organizado.

El monstruo de varias cabezas

La frase “aparato organizado de poder” referida ayer en la audiencia de Lozoya no es un concepto al azar. Es la definición de una doctrina concebida por uno de los penalistas más influyentes del mundo, el abogado y jurista alemán Claus Roxin, quien ha recibido, entre otros reconocimientos, más de 20 doctorados Honoris Causa de distintas universidades.

Roxin es además profesor de Miguel Ontiveros Alonso, el abogado que lidera la defensa de Emilio Lozoya, y quien al igual que su maestro es un estudio de las teorías del Derecho.

¿En qué consiste esta doctrina? De acuerdo con tres penalistas consultados por Animal Político, se trata de una teoría que parte de la concepción de que existe estructuras de poder como las de la delincuencia organizada, que cuentan con lideres difíciles de identificar en un inicio, pero que son los verdaderos beneficiarios de hechos ilícitos.

Dichos líderes no cometen materialmente los delitos, sino que se valen de otros integrantes de menor rango de la organización para cometerlos.

“En grandes organizaciones los altos niveles toman decisiones criminales, pero no las ejecutan por ellos mismos. Ordenan a sus subalternos realizarlas, aprovechando su posición jerárquica y la vulnerabilidad de sus colaboradores (…) De esa manera, la cúpula queda al margen de cualquier responsabilidad”, detalló el penalista Gabriel Regino.

Fuente: Animal Político