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Continúa la limpia de funcionarios ligados a García Luna; destituyen a dos directores de la Guardia Nacional

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Son cuatro funcionarios los que han fueron separados de su cargo por estar vinculados a Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la gestión de Felipe Calderón, y quien ahora está detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico y falsedad de declaraciones.

Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, mencionó durante su participación en la conferencia matutina de este martes 4 de agosto que “en el caso de la Guardia Nacional se han sido relevadas dos personas del rango de directores generales, puedo proporcionar los nombres en un momento más, se ha relevado igualmente a un director de administración en penales y a otro personal de menor nivel, pero de vinculación directa en la trayectoria profesional de Genaro García Luna”

Aclaró que “no hay procesos penales” en contra de dichas personas, ya que no se les está despidiendo porque encontraron alguna irregularidad en su desempeño. “No podemos ser ingenuos en este tema y sabemos que la red de complicidades se va tejiendo cuando las carreras profesionales crecen de manera paralela, en este caso a García Luna”.

La dependencia separará de su cargo a alguna persona que resulte vinculada al caso de Genaro García.

El 10 de marzo, Durazo Montaño solicitó la renuncia de funcionarios de la dependencia que tuvieran algún vínculo con García Luna.

“Los riesgos de la permanencia de ese personal serían altos porque hay que recordar que, en la cultura política de nuestro país, las relaciones personales se convierten en relaciones políticas y con frecuencia en complicidades, eso es lo que queremos evitar”, enfatizó el funcionario público.

En aquel momento, Alfonso Durazo mencionó que eran varios los funcionarios con puestos de directores de área o directores de generales que estaban bajo investigación, aunque no precisó el número de personas.

En tanto, el mandatario Andrés Manuel López Obrador dio la instrucción de que las personas vinculadas al caso de García Luna fueran investigadas, pero sin cometer ningún acto de injusticia.

“Ver quienes estuvieron cerca y se presume que fueron cómplices, que guardaron silencio o fueron subordinados, quiénes del gobierno actual porque no queremos nosotros afectar a nuestro gobierno”, agregó el presidente.

Aumentan los cargos en contra de García Luna

El 30 de julio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos amplió la acusación en contra el ex funcionario público y sumó cargos en contra de Luis Cárdenas Palomino, que se desempeñó como titular de la División de Seguridad Regional y Ramón Pequeño, de la División Antidrogas, informó la periodista Anabel Hernández para el portal Aristegui Noticias.

A ellos se les acusa de recibir sobornos de los Carteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva, además de entregar información al Cártel de Sinaloa sobre operativos en su contra, lo que también incluyó información del gobierno de Estados Unidos, de los carteles rivales.

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el 31 de julio que se iniciaron diversas carpetas de investigación en contra de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, y cinco personas más, entre ellas los dos ex líderes de la Policía Federal mexicana, Ramón Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino.

Agencias

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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