Después de 11 años de no obtener respuestas, las familias de los 49 niños y niñas que fallecieron en la Guardería ABC por fin obtuvieron una buena noticia acerca del caso. Esto debido a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo declaró admisible para entrar a su etapa definitiva de análisis de fondo.
Los familiares han señalado por más de una década que el siniestro ocurrido en Hermosillo, Sonora, fue por negligencia por parte de la administración de la guardería. La estancia infantil carecía de salidas de emergencia, personal, detectores de humo, entre otras cosas que aparecen en los lineamientos de Protección Civil para este tipo de servicios.
“Las familias han exigido la investigación y sanción penal a todos los actores responsables, incluyendo a funcionarios de alto rango y particulares, reconociendo las causas estructurales del incendio”, explicó un comunicado de prensa emitido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
Este documento también señaló que la presentación fue hecha desde hace casi seis años, y durante los años siguientes se recibió información adicional, pero no fue hasta el mes pasado que se declaró admisible.
“Como parte de esta lucha, en octubre de 2014 se presentó el caso ante la CIDH. El 6 de julio de 2020, dicho órgano internacional lo declaró admisible. Ahora la CIDH conocerá del fondo del caso -es decir, analizará los hechos para determinar las violaciones de derechos humanos en las que haya incurrido el Estado mexicano- con lo cual las familias buscan que la CIDH formule recomendaciones al Estado para concretar el acceso a la justicia y la no repetición”, agregó el comunicado.
De acuerdo con otro documento obtenido por Aristegui Noticias, la comisión consideró que si se comprueba el incumplimiento del Estado “podrían caracterizar violaciones a los artículos 4 (vida), 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales), 19 (derechos del niño) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana, en relación con sus artículos 1.1 (obligación de respetar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno)”.
“De ser probado que el alegado incumplimiento del deber estatal de prevención y adopción de salvaguardas para la prestación del servicio educativo de cuidado infantil habría generado el incendio que costó la vida de cuarenta y nueve niños/as; así como la presunta falta de una investigación diligente que esclarezca lo sucedido y sancione a los responsables”, dicta.
El 5 de junio de 2009 fue la fatal fecha en la que la guardería se incendió, arrebatando la vida de 24 niñas y 25 niños, muchos de ellos tuvieron quemaduras en el 80% de sus cuerpos. Más de 100 resultaron heridos. Desde entonces, sus familiares entraron en una batalla incansable de más de 10 años en la que han exigido justicia y cárcel para los responsables.
Todo comenzó cuando una bodega de papel con la que el recinto compartía paredes se comenzó a incendiar y el fuego atravesó rápidamente hacia donde se encontraban los infantes. Además de los que murieron, hubo también más de 100 lesionados. Todos ellos quedaron encerrados al interior del lugar porque las puertas abrían hacia adentro.
En ese momento, quien gobernaba el país era Felipe Calderón Hinojosa, el mismo presidente que declaró la “Guerra Contra el Narcotráfico” en México, y terminó involucrado en el caso debido a que una de las cuatro propietarios de la guardería era Marcela Gómez del Campo, prima de su esposa Margarita Zavala.
Cada año, los padres de los menores fallecidos salen a marchar para exigir justicia por la muerte de los menores. Sin embargo, debido a la pandemia por coronavirus que se presentó este año, Patricia Duarte, una de las madres en lucha, informó la cancelación de las marchas en Hermosillo y la Ciudad de México.
Fuente: Infobae
