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Con Calderón y García Luna, México fue «narco-Estado”: AMLO

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que hay procesos abiertos en contra de Luis Cárdenas Palomino, extitular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), y Ramón Eduardo Pequeño García, exjefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal (PF), ex colaboradores de Genaro García Luna.

Durante su conferencia de prensa matutina, también aseguró que existen periodistas que conocieron y tuvieron relación con “estos personajes”, y por eso salen en su defensa en los medios. “Hay periodistas famosos actualmente que los defienden”, manifestó.

“Imagínense en qué situación estaba en el país. Llegó a hablarse de un narco-Estado”, señaló el mandatario al recordar que García Luna era el Secretario de Seguridad Pública federal con Felipe Calderón Hinojosa. “Yo en ese entonces, sinceramente, pensaba que no era correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano, pero luego con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí” en tiempos de Calderón Hinojosa.

“Se está hablando de un narco-Estado porque estaba tomado el Gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia. Mandaba la delincuencia, tenía una gran influencia la delincuencia. Era la que decidía a quién perseguir y a quién proteger”, sostuvo.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador consideró que este tema debe “atenderse para que no se repita nunca jamás”, pues tiene que “haber una línea divisoria entre autoridad y delincuencia, no mezclarse, que no haya contubernio porque entonces estamos desprotegidos todos. Nos quedamos en estado de indefensión. Estamos en manos de la delincuencia”.

“En el caso del combate a la delincuencia. ¿Qué podemos esperar si hay contubernio entre delincuencia y autoridades? No hay ninguna posibilidad de garantizar la paz de esa forma, mientras no se acabe con la impunidad. Fue el colmo que el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal se haya involucrado y haya transado con uno de los grupos delictivos. Toda esta red que se creó. ¿Entonces qué tanto son responsables los expresidentes? Pues eso va a salir de las investigaciones”, subrayó.

–¿La UIF investiga las cuentas del expresidente? –le cuestionó una reportera.

–No, no, no, porque la UIF investiga a partir de que hay una solicitud de la Fiscalía. En este caso no existe ninguna solicitud de la Fiscalía y también yo les recuerdo que he fijado mi postura de que para enjuiciar a los expresidentes se requiere una consulta. Que sean los ciudadanos los que decidan –respondió AMLO.

Por otra parte, reiteró que Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desde hace meses recibió instrucciones para que “no se permita que trabajen en el actual Gobierno personas que se hayan desempeñado durante el tiempo en que García Luna fue Secretario de Seguridad Pública, en el tiempo que él estuvo como funcionario”.

De acuerdo con el Jefe del Ejecutivo federal, se tomó esta medida “porque es un asunto realmente vergonzoso el que actuara como Secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal y al mismo tiempo protegiera a una de las bandas del crimen organizado, como está quedando de manifiesto”.

Fuente: SinEmbargo

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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