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Policiaca

Encuentran menores de edad y armas en bares de Ojinaga

En la ciudad de Ojinaga, las autoridades encontraron en un operativo de sólo dos horas en diversos bares, armas de fuego, chalecos antibalas y mujeres menores de edad que se embriagaban en los mismos.

Este operativo de revisión a bares y cantinas se dio durante la noche del viernes, dentro de un esquema de Gobernación Estatal de buscar comercios de este tipo que operen fuera de la ley y proceder a su clausura.

Otros operativos similares ya se han realizado en diversos municipios del estado, principalmente en ciudades pequeñas como Ojinaga, obteniendo los mismos resultados.

En esta ocasión, las autoridades reportaron la clausura de 16 bares en un operativo que duró solamente dos horas.

Las autoridades del gobierno de Chihuahua reportaron como resultado de estas acciones, 16 negocios clausurados “por falta de cumplimiento a las normas que la ley establece para la adecuada operación de este tipo de giros”.

En uno de ellos fue encontrada un arma de fuego y un chaleco antibalas; en algunos otros lugares fueron ubicados menores de edad que ingerían bebidas embriagantes, añade el reporte.

Funcionarios de Gobernación Estatal, con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Policía Estatal Única, Policía Ministerial, Dirección de Vialidad y Tránsito, Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) y Protección Civil, realizaron en la ciudad de Ojinaga el operativo para la revisión de establecimientos en los que se expenden, distribuyen o ingieren bebidas alcohólicas.

Los comercios clausurados son Las Vegas, Palace Bar, El casino Bar, Foro Cinco, Molino Rojo, El Oasis, Bar B-29, Los Álamos, El Animo, El Espejo, Astoria, Chiquita, El Brindis, La Estancia, Videsa y Salón Internacional.

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Chihuahua

Caso crematorio “Plenitud”: van por máxima pena para responsables de ocultar 383 cuerpos sin cremar en Cd. Juárez

El escándalo que conmocionó a Ciudad Juárez por el hallazgo de 383 cuerpos apilados en un crematorio clandestino comienza a tomar forma judicial. La Fiscalía General del Estado confirmó este lunes que José Luis A. C., propietario del crematorio “Plenitud”, y Facundo M. R., su empleado, fueron detenidos y están sujetos a prisión preventiva por los delitos de inhumación y exhumación ilegales, así como por faltas graves al respeto debido a cadáveres humanos.

En una conferencia de prensa encabezada por el Fiscal General César Jáuregui Moreno, se dio a conocer que los cuerpos, embalsamados y sin haber sido cremados, fueron encontrados el pasado 26 de junio en condiciones indignas dentro del inmueble ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa. El sitio operaba prestando servicios a cinco funerarias locales, que subcontrataban la cremación sin saber —o sin querer saber— el destino final de los cuerpos.

“Vamos a buscar la penalidad más alta para los responsables”, declaró Jáuregui, quien también prometió investigar posibles omisiones de las autoridades encargadas de regular este tipo de establecimientos.

La Fiscalía busca una sentencia de hasta 17 años de prisión y, según los avances, ya se ha logrado identificar de forma preliminar a 15 cadáveres, algunos por etiquetas hospitalarias, otros por tatuajes o prótesis dentales. De los 383 cuerpos, 218 son hombres, 149 mujeres, y 16 más aún no han sido clasificados. Cuatro serían menores de edad, incluidos dos neonatos.

Acompañado del Fiscal de Distrito Zona Norte Carlos Manuel Salas, del Director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Javier Sánchez Herrera, y de Norma Ledezma, titular de la Comisión de Atención a Víctimas, Jáuregui sostuvo un encuentro con familiares que temen que sus seres queridos estén entre los cuerpos hallados. A ellos se les ofreció atención integral y acceso a información detallada del proceso de identificación, el cual se realizará con métodos forenses y antropológicos.

Las funerarias vinculadas a este caso son:

Luz Divina

Protecto-Deco

Del Carmen

Latinoamericana

Amor Eterno

Aunque se investigará si estas funerarias actuaron de buena fe o con negligencia, la prioridad —según dijo Jáuregui— será garantizar justicia y trato digno a los fallecidos, así como evitar la revictimización de las familias.

“Estamos ante un hecho inédito, atroz, que debe marcar un antes y un después en la regulación de los servicios funerarios en el estado”, puntualizó el Fiscal.

La audiencia de vinculación a proceso para los detenidos se celebrará el próximo 4 de julio, donde el Ministerio Público buscará consolidar las pruebas necesarias para llevarlos a juicio. Mientras tanto, las autoridades seguirán trabajando para identificar y entregar los cuerpos a sus familias.

Este caso podría desencadenar una reforma profunda en el sistema de vigilancia de servicios funerarios, ante la magnitud del engaño y el dolor causado a cientos de familias que creyeron haber despedido dignamente a sus seres queridos.

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