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México avanza con prohibición de comida «chatarra» a niños, tras letalidad del Coronavirus asociada a obesidad

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Gracias a la creciente evidencia de que la obesidad puede incrementar el riesgo de una enfermedad grave con la infección del nuevo coronavirus, diversos estados de México están tomando medidas para prohibir la venta de comida chatarra a menores.

El lunes, legisladores de Tabasco votaron a favor de prohibir la venta de bebidas azucaradas y alimentos altamente procesados a cualquier persona menor de 18 años. Sólo 12 días después de que Oaxaca tomara acciones similares.

La pandemia ha provocado una explosión de conciencia sobre las razones que explican la vulnerabilidad de los mexicanos a ciertas enfermedades, y ha dado lugar a nuevas y ambiciosas leyes en al menos 10 estados y la Ciudad de México. Manuel Gordillo Bonfil, diputado local de Tabasco, declaró que la pandemia de Covid-19 es una oportunidad para establecer políticas públicas que protejan la salud de los niños.

Los detalles de la prohibición en Tabasco siguen bajo discusión, pero el voto fue de 22 a favor y 8 en contra.

Con la ley antichatarra, el estado sureño de Oaxaca, en una votación de 31 contra 1, prohibió la venta de productos como frituras, dulces, refrescos y otras bebidas azucaradas a menores de 18 años, lo que coloca a estos productos en la misma categoría que los cigarros y las bebidas alcohólicas. La ley establece multas, clausura de comercios y prisión para acusados recurrentes. La prohibición también incluye máquinas expendedoras en escuelas.

«Estas leyes son un gran logro para la salud pública por la atención que reciben a nivel global,» dice Rafael Pérez-Escamilla, profesor de la Escuela de Salud Pública de Yale. «La pandemia está subrayando la necesidad de poner a la salud pública al frente y al centro.»

La Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura han emitido declaraciones enfáticas de apoyo a las nuevas leyes, pero la resistencia también ha sido eficiente. En un evento en Berriozabal, Chiapas, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, describió a las bebidas azucaradas como “veneno embotellado”. La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) emitió un comunicado donde alegó que el funcionario estaba estigmatizando injustamente la categoría.

La industria de alimentos argumenta que las tiendas de abarrotes y autoservicio, que dependen en gran medida de la venta de refrescos, serán afectadas por las nuevas leyes.

“Puede que sea cierto” dice Pérez-Escamilla. “El gobierno tendrá que idear soluciones para eso. Pero este es un mensaje contundente a toda la sociedad, esta situación debe ser tomada en serio. Es importante que empoderemos a padres y maestros, porque las escuelas son un objetivo central.”

De acuerdo con un estudio publicado en enero por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 73 por ciento de los mexicanos tiene sobrepeso y 34 por ciento tiene obesidad mórbida. Oaxaca, uno de los estados más pobres del país, tiene uno de los niveles de obesidad más altos, de acuerdo con la encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2019. Las comunidades indígenas están particularmente expuestas a prácticas publicitarias predatorias y a los precios bajos de alimentos chatarra.

«Este sistema ha hecho que sea muy sencillo para los niños acceder a alimentos altos en calorías, bajos en nutrientes y ultra procesados,» dice Pérez-Escamilla.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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