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Crisis de derechos humanos no la puede resolver solo la CNDH: Rosario Piedra

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Las acusaciones que pesan sobre la gestión de Rosario Piedra Ibarra frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) forman parte de una serie de ataques y calumnias que se promueven con fines políticos y aprovechando la ocupación de las oficinas de ese organismo en diversos puntos del país por organizaciones feministas.

Así lo señaló la propia Piedra Ibarra durante una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, quien además dijo que la grave crisis de derechos humanos que se vive en el país no puede resolverse únicamente desde la CNDH.

“Es consecuencia de una crisis generada por omisiones del pasado, de muchos años que no podemos negar y rescoldos que persisten, por ello la defensa a los derechos humanos es un asunto de Estado, no puede ser tarea solo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y mucho menos que se pueda resolver aisladamente, es menester y esfuerzo extraordinario sumar a autoridades de todos los niveles”.

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Afirmó que reivindica la lucha en contra de los feminicidios, desaparición forzada, impunidad y en pro de las víctimas.

“Reconocemos que la violencia de genero y violencia feminicida necesitan soluciones urgentes, hemos actuado tan es así que hemos emitido varios exhortos a las autoridades para que se atienda como asunto prioritario”, aseguró.

Señaló que las mujeres que ocupan las oficinas de la CNDH en la Ciudad de México no son “el enemigo a vencer” pero también dijo que la comisión es más que un edificio y se han instalado módulos móviles en varios puntos de la ciudad para hacer la recepción de quejas más accesible.

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Relató que el pasado 2 de septiembre cuando se atendió en las instalaciones de la CNDH de la Ciudad de México a un grupo de personas que tienen un plantón en las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CNDH fungió como mediador entre los quejosos y este organismo; sin embargo, tres personas más permanecieron en las instalaciones a modo de protesta.

Afirmó que las tres víctimas cuentan con el acompañamiento de la CNDH, pero dos días después se apersonaron organizaciones feministas invocando solidaridad a las víctimas y para entregar un pliego petitorio con tres demandas dirigido al gobierno federal.

“Consciente de nuestro papel y responsabilidad hemos estado buscando acercamiento con la total disposición de iniciar un dialogo al que se han sumado representantes del gobierno federal”.

Respecto a las acusaciones en torno al dispendio en alimentos gourmet en las instalaciones ocupadas de la CNDH, Piedra Ibarra afirmó que consume los mismos alimentos que todo el personal, incluido el de limpieza.

Afirmó que el gasto mensual promedio para abastecer entre 30 y 50 platillos diarios para el personal de ese edificio era de 30,190 pesos.

“Se servían diariamente entre 30 y 50 comidas algunas de las cuales se servían a personas que iban a hacer tramites y el menú era como el de cualquier hogar de la clase media y lo que se presento como cortes fines era bistecs y chamberete. Lo que comí yo era lo mismo que el personal de limpieza y vigilancia”.

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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