El presidente Andrés Manuel López Obrador dirigió una carta al Senado de la República para solicitar que durante las elecciones intermedias, próximas a celebrarse el 6 de junio del 2021, se aplicara una consulta popular para investigar y, en caso de que así lo amerite, enjuiciar a los ex presidentes de México.
¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sanciones, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinijosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?
Los cinco regímenes que pidió que se sometieran a consulta ocurrieron entre 1988 y 2018, los cuales fueron protagonizados por dos partidos políticos: Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN).
En el escrito dirigido a la Cámara de Senadores, el jefe del ejecutivo federal justifica la solicitud con una exposición de 16 motivos, donde reiteró que la corrupción y un sistema entreguista ante un modelo económico neoliberal atentó contra el tejido social de la república mexicana.
También aseguró que dichas prácticas gubernamentales desembocaron en un “crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho”.
Como crítica en administración económica, López Obrador sacó el tema del Fobaproa, pues “a la fecha, aunque el país ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos por bonos del Fobaproa, esta deuda pública asciende a cerca de 2 billones y no terminará de saldarse sino hasta el año 2070”.
En materia electoral, el presidente tabasqueño trajo a colación el tema del presunto fraude electoral del 2006. Igualmente, durante el periodo de transición panista, AMLO señaló la estrategia de combate frontal contra el narcotráfico, también conocida como guerra contra el narco, instaurada por Felipe Calderón, cuyos estragos continúan flagelando a los mexicanos, esto porque “exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas”.
De tal modo que el mandatario nacional externó al poder legislativo que, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 26 de la Ley Federal de Consulta Popular, inicia en el proceso de validación y constitucionalidad de esta propuesta.
Esto, por que en dicha ley se estipula que «cuando la petición de consulta popular provenga del Presidente de la República, se seguirá el siguiente procedimiento:
“I. El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen dará cuenta de la misma y la enviará directamente a la Suprema Corte junto con la propuesta de pregunta formulada para que resuelva y le notifique sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de veinte días naturales”.
Esto significa que, en cumplimiento a la ley, dicha resolución debe de estar lista para más tardar el lunes 5 de octubre.
Cabe destacar que para que se considere como válido el resultado de una consulta ciudadana, se debe de tener la aprobación de al menos el 2% del padrón electoral; en otras palabras, alrededor de 1.8 millones de mexicanos deben de acudir a los módulos establecidos de la consulta, participar y votar en favor de que se realicen las investigaciones contra los ex mandatarios; de lo contrario, la posibilidad de enjuiciar a los ex presidentes será nula.
Por su cuenta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó de recibido por parte del Senado la solicitud de consulta popular y la propuesta de pregunta formulada enviada por el presidente, misma que dejará a Ministro Luis María Aguilar Morales para su estudio.
Fuente: Infobae
