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Pide Ministro de la SCJN que se declare consulta para juzgar a expresidentes como inconstitucional

Luis María Aguilar Morales, Ministro de la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN), propuso declarar inconstitucional la solicitud de consulta ciudadana enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para abrir la posibilidad de llevar a juicio a los últimos cinco exmandatarios de México.

A través de su cuenta de Twitter, el máximo tribunal del país compartió el proyecto elaborado por el Ministro, quien fue postulado por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa para ocupar dicho cargo. Se espera que su planteamiento sea discutido el próximo 1 de octubre.

El documento de 43 páginas, escrito por Luis María Aguilar Morales, abordó cada uno de los puntos que el documento de López Obrador presentó como sustento para enjuiciar a cinco expresidentes.

La inconstitucionalidad se fincó en el artículo 35 constitucional, en su numeral 3, que señala que de que “no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección”.

Proyecto del ministro Luis María Aguilar sobre la consulta popular 1/2020, que será discutido en la sesión de 1 de octubre.

La pregunta que envió el Presidente es: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

Fuente: SinEmbargo

Resto del mundo

Muro fronterizo será pintado de negro para que el calor lo haga más difícil de escalar

El muro en la frontera sur de Estados Unidos será pintado de negro con el propósito de que la superficie se caliente bajo el sol y resulte más complicado treparlo, anunció este martes la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La medida, dijo, fue una sugerencia directa del presidente Donald Trump.

Durante una conferencia de prensa realizada en Santa Teresa, Nuevo México, frente a la estructura metálica, Noem explicó: “Es alto, lo que lo hace muy difícil de escalar, casi imposible. También está construido a profundidad, lo que complica cavar por debajo. Y ahora vamos a pintarlo de negro. Esa fue una petición específica del presidente, quien sabe que con el calor extremo de esta región, cualquier superficie negra se calienta más y será aún más difícil de escalar”.

El jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks, añadió que el recubrimiento también servirá para prevenir la corrosión del acero.

La decisión llega en un momento en que el gobierno asegura haber registrado poco más de 6,000 detenciones en la frontera durante junio, lo que representa una baja del 15% respecto al récord de marzo.

El muro fronterizo fue una de las principales promesas de la primera campaña de Trump y, en su segundo mandato, aunque ha desplazado su enfoque hacia las deportaciones y la intensificación de operativos dentro del país, mantiene el proyecto de reforzar la infraestructura.

Noem no precisó el costo de pintar la barrera, pero recordó que la administración cuenta con un presupuesto de alrededor de 46,500 millones de dólares obtenido a través de la iniciativa “One Big Beautiful Bill Act”, destinada a modernizar el sistema fronterizo, completar 700 millas de muro y mantener un ritmo de construcción de medio kilómetro diario.

La funcionaria señaló que la apariencia del muro varía según la topografía y la geografía, e informó sobre la implementación de infraestructura acuática y tecnologías avanzadas como cámaras y sensores para reforzar la vigilancia.

Durante la primera administración de Trump ya se había planteado la idea de pintar más de 80 millas del muro de negro. En 2020, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza incluso probó recubrimientos oscuros en algunos tramos, aunque funcionarios actuales y anteriores advirtieron que la efectividad era limitada y que el cambio respondía, en gran medida, a una exigencia personal del presidente.

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