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Diputados podrían sepultar los fideicomisos para ciencia y tecnología

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El próximo 29 de septiembre los miembros la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados han sido citados para celebrar su decimoprimera reunión ordinaria, el punto 7 de la orden del día pretende aprobar el dictamen que, entre otras cosas, deroga los artículos 23 al 28 de la actual Ley de Ciencia y Tecnología, con ello se eliminarían todos los fideicomisos del Conacyt que incluyen el manejo de los fondos institucionales, sectoriales, de cooperación internacional y los mixtos. Además, afectaría al Fondo Nacional de Desastres (Fonden), al de atención a víctimas y a fideicomisos relacionados con el cine, el deporte, la bioseguridad y la protección del medio ambiente.

Esto ha sorprendido a la comunidad científica, pues con anterioridad se llevaron a cabo tres sesiones de Parlamento Abierto los días 4, 18 y 26 de junio de 2020, en ellas los directores de Centros Públicos de Investigación (CPI), del Cinvestav y de otras entidades públicas, dieron abundantes razones y coincidieron en que, de concretarse la extinción de los fideicomisos de ciencia y tecnología, los resultados serían desastrosos.

Incluso en un comunicado el pasado 15 de abril, los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, señalaron que se pronunciaban por garantizar los recursos para ciencia y tecnología y que entendían que el quehacer científico tiene una planeación y un ejercicio de gasto con especialización y sus resultados no siempre son inmediatos. En este comunicado se mencionan también diferentes razones legales por las que los fideicomisos de ciencia y tecnología no deberían estar incluidos en el proceso de extinción decretado por el presidente de México el pasado 2 de abril.

En respuesta a este nuevo intento por eliminar los fideicomisos, representantes de diversas academias tuvieron una reunión el pasado viernes y se acordó que cada academia se expresaría de manera individual y directa ante la Comisión de Presupuesto, también de manera pública, pues aseguran, la aprobación de este dictamen sepultaría los fideicomisos.

En entrevista, el doctor David René Romero Camarena, presidente de la Sociedad Mexicana de Bioquímica e investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, explica que bajo la excusa de que los fideicomisos son poco transparentes y que presentan corrupción, se pretende eliminarlos; sin embargo asegura que todos los fideicomisos de ciencia son observados por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, con revisiones periódicas anuales o bianuales.

Dijo que es irresponsable que se tenga que extinguir una parte, para atender una prioridad nacional como es el Covid-19, pues con la extinción de fideicomisos en números gruesos se recuperarían alrededor de 78,000 millones de pesos no comprometidos, de ese total los fideicomisos de ciencia equivalen a poco más de 2,000 millones de pesos esto apenas es el 2.6% de lo que se recuperaría, en cambio para la ciencia sería un daño enorme.

Por ello, el llamado es para que los legisladores reconsideren el predictamen y permitan la preservación de los fideicomisos, “nos gustaría mantener un canal abierto, lo hicimos durante el Parlamento Abierto y hoy queremos ser tomados en cuenta”.

Este anuncio llega justo cuando estamos en los niveles más bajos de presupuesto para Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en años, en términos reales el presupuesto es comparable con el que teníamos en 2012, pero con muchas necesidades más, “hoy ni siquiera podemos pedir que se amplíen los recursos, estamos pidiendo que no se reduzcan para poder trabajar”.

En este momento además los canales de comunicación con Conacyt están rotos, “no se nos escucha para nada y eso es una cosa muy preocupante, se están tomando decisiones sin la voz de los científicos. Esto es lo que nos anima a unirnos y levantar la voz, no tiene que ver con una tendencia política, la realidad es que respetamos nuestra profesión, queremos hacer lo mejor para México y quedarnos callados sería irresponsable”.

Romero Camarena explica que además el predictamen no contempla ningún mecanismo alternativo a los fideicomisos, solamente asigna responsabilidades a diferentes entidades del Estado para que lleven a cabo esa extinción y en cierto sentido, para que tomen en cuenta las necesidades de cada área; sin embargo, con un Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que no contempla incrementos para ciencia, en realidad significa una reducción de recursos.

Fuente: El Economista

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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