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Aprueban multas por más de un millón de pesos a quienes impidan entrada a las playas

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El Senado de la República aprobó una reforma para permitir el libre acceso y tránsito a las playas de México, con lo cual se eliminan aquellos espacios considerados como privados.

La reforma fue aprobada por unanimidad, con 107 votos a favor, con lo que se reafirmó que las playas mexicanos son públicas, y se calificó como una violación a la ley limitar su acceso mediante cercas, construcciones, elementos de seguridad privada p personal hotelero.

“La restricción al acceso de playas que realizan los propietarios de predios colindantes a la zona federal marítimo.terrestre, representa un acto de discriminación a los ciudadanos, pues asumen como propia una franja que no está en el comercio y cuyo dominio corresponde a la nación”, señaló la Senadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mónica Fernández.

Mientras el Senador Antonio García, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), destacó que con ello se evitará caer en actos discriminatorios por parte de particulares.

“¿Cuántos de nosotros no hemos ido a algún lugar turístico y, encuentran letreros donde está prohibido el paso? Pero, a parte de eso, no consienten que alguien se instale a disfrutar de la playa, a disfrutar de un recurso natural y que son bienes de la nación”, aseveró.

La reforma establece que aquellos que impidan el libre tránsito sobre las playas se harán acreedores a multas de más de un millón de pesos.

A la par, el dictamen señala que los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítima terrestre deberán permitir el ingreso de paseantes, en caso de que no existan vías públicas o accesos.

Mientras aquellos titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos que impidan el acceso a las playas y sean reincidentes, podrían perder la concesión.

Fuente: SinEmbargo

México

Sheinbaum se reúne con la gobernadora general de Canadá y dialogan sobre pueblos indígenas

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este martes en Palacio Nacional a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, quien tiene carácter de jefa de Estado, como parte de una visita oficial al país enfocada, principalmente, en el diálogo sobre los derechos de los pueblos indígenas.

La mandataria mexicana dio la bienvenida a Simon por la entrada destinada a jefes de Estado y la condujo al patio central de Palacio Nacional, donde se realizó la ceremonia oficial de recepción. Durante el acto protocolario se interpretaron los himnos nacionales de México y Canadá.

Horas antes del encuentro, Sheinbaum destacó que Mary Simon es la primera persona indígena en ocupar el cargo de gobernadora general de Canadá. Señaló que la visita tenía como propósito central el intercambio de experiencias y puntos de vista en torno a los derechos de los pueblos originarios.

Tras la ceremonia, ambas se trasladaron a las oficinas presidenciales para sostener una reunión privada, incluida en la agenda bilateral programada durante la estancia de la funcionaria canadiense en México.

La visita se desarrolla en un contexto de cooperación estrecha entre México y Canadá, países que mantienen una relación estratégica en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como en distintos foros multilaterales y en temas de colaboración política, social y económica. En septiembre pasado, Sheinbaum también recibió en Palacio Nacional al primer ministro canadiense, Mark Carney.

El encuentro ocurre mientras los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá comienzan a delinear los temas que podrían revisarse dentro del acuerdo comercial, en un escenario marcado por tensiones relacionadas con medidas arancelarias, reglas de origen, políticas energéticas y estrategias de relocalización de cadenas productivas, conocidas como nearshoring.

En este contexto, el presidente estadounidense Donald Trump declaró recientemente que no consideraba relevante el tratado comercial con México y Canadá. El T-MEC fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020, en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El acuerdo deberá ser revisado por los tres países en 2026 y cuenta con el respaldo expreso de México y Canadá, frente a las reservas manifestadas desde Washington.

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