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Vigilan medidas sanitarias en más de 2 mil centros de trabajo

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Desde el pasado 1ro de junio y hasta el 22 de octubre del presente año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha verificado 2 mil 060 centros laborales para vigilar el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias ante la pandemia ocasionada por COVID-19.

Al participar en el programa Chihuahua Adelante, Marco Antonio Gaytán González, jefe de Inspección de Trabajo de la STPS, señaló que de ese total, 51 establecimientos (3%) se encontraban cerrados y en cumplimiento; 147 (7%) fueron exhortados al cierre pues que no estaba permitida su operación y accedieron de forma inmediata; y 22 (1%) se rehusaron a la suspensión por lo que se dio inicio a un procedimiento administrativo sancionador, dando además vista a las autoridades federales y sanitarias.

Asimismo, en mil 840 centros de trabajo (89%) se revisaron las medidas sanitarias por tratarse de establecimientos que cumplían con las condiciones de operación según lo establecido por el semáforo, de los cuales mil 775 acataron todas las indicaciones.

Indicó que a partir del 23 de octubre, con el regreso al color rojo en el esquema de semaforización, la Inspección del Trabajo ha visitado 122 empresas, de las cuales 68 (56%) suspendieron de manera temporal sus operaciones por no considerarse esenciales.

En 51 centros laborales (42%) se revisaron las medidas sanitarias por ser una actividad esencial y 3 (2%) se rehusaron al cierre de operaciones.

Gaytán González informó que el tiempo de duración de las inspecciones realizadas es largo, debido a que se revisan más de 50 puntos para los pequeños de negocio, 70 para los medianos y cerca de 90 para los grandes, como lo son los pertenecientes a la industria manufacturera.

“Es un proceso largo, pero que garantiza que el centro inspeccionado está cumpliendo a cabalidad con sus medidas”.

Recordó a los centros de trabajo que cuentan con la obligación de implementar todas las medidas sanitarias a partir de la publicación de los acuerdos, por lo que destacó la importancia de que se mantenga la supervisión y vigilancia de dichas medidas de manera interna mediante su Comisión de Seguridad e Higiene.

Dijo que para quienes no cumplan con lo señalado las sanciones económicas pueden ir entre $20 mil a $500 mil pesos. Hasta el momento, 24 centros de trabajo se encuentran en procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de las medidas y de no acceder a los exhortos realizados.

A partir del pasado 24 de marzo, la Inspección del Trabajo ha visitado más de 3 mil centros de trabajo, de los cuales cerca de 500 son pertenecientes a la industria manufacturera, quienes en su mayoría han dado cumplimiento a todos los lineamientos.

En caso de detectar cualquier irregularidad en materia de seguridad y salud en algún establecimiento,la Inspección del Trabajo de la STPS pone a disposición las líneas telefónicas (614) 429-33-00 extensión 12102 y 12137 y (656) 629-33-00 extensión 54124.

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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