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FGR acusa a Peña de traición a la Patria

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El expresidente Enrique Peña Nieto habría sido el jefe de una banda criminal que participó en actos de cohecho y de traición a la Patria, y jugó un papel central en la comisión de delitos en el caso Odebrecht, consideró la Fiscalía General de la República (FGR) en la solicitud de orden de aprehensión en contra del que fuera el hombre más poderoso del sexenio, Luis Videgaray Caso. Así lo da a conocer el diario mexicano Reforma en forma exclusiva.

El periodista Abel Barajas, quien tuvo acceso a la solicitud de orden de aprehensión contra el exsecretario de Hacienda –formulada por la Fiscalía ante un Juez y que fue devuelta–, dice que en ese documento se considera que el expresidente “fue autor mediato de los delitos mencionados y los de carácter electoral”. Es decir, agrega, “que cometió los ilícitos utilizando como instrumento a Videgaray y a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex”.

“Peña, dice en su consideración la FGR, se apartó del Estado de Derecho y utilizó el cargo para el que fue electo con el fin de delinquir. Con su actuar ilícito no sólo obtuvo beneficio personal sino procuró ‘también el beneficio de la empresa Odebrecht quien los había ya hecho objeto de cohecho, traicionando a la Patria con su mal desempeño’”.

Barajas cita a la solicitud de la Fiscalía ante el Juez: “Los hechos delictivos de cohecho y traición a la Patria surgieron por disposición de él mismo”. El documento dice que Videgaray actuó bajo instrucciones de Peña, entonces su jefe. “A instancias del Mandatario, dice el documento de la FGR, Videgaray distribuyó ‘de manera espontánea y por interpósita personas’ 121 millones 500 mil pesos a los legisladores panistas Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle; al dirigente partidista Ricardo Anaya y al legislador priista David Penchyna Grub’”.

De acuerdo con el periodista, el delito de cohecho se configuró con las entregas en efectivo a los políticos panistas y priistas para obtener su voto a favor de la Reforma Energética. Y la traición a la Patria “habría ocurrido al impulsar las reformas estructurales para otorgar beneficios a empresas extranjeras como Odebrecht y que podrían beneficiarse del aprovechamiento y explotación de los recursos naturales que por mandato constitucional son propiedad de la Nación”.

En el documento, Videgaray aparece como “autor material”. Pero, según el texto del diario, Peña fue “el orquestador y promovente de las acciones delictivas”.

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Fiscalía “ya se tardó” con el caso de corrupción que vincula a la élite de Peña Nieto y Videgaray. Sin embargo, el Presidente también expresó su confianza en Alejandro Gertz Manero, el Fiscal General, quien ha sido criticado en distintas esferas porque a casi dos años de asumir su mandato no ha presentado casos importantes de investigaciones de corrupción, un encargo personalísimo hecho por el mismo mandatario mexicano.

“Tenemos que actuar con responsabilidad y tener confianza en el trabajo que está haciendo la Fiscalía. Yo aquí aprovecho para decir que le tengo confianza al Fiscal. Quisiera yo, pero entiendo que no es posible a veces, que se avanzara más rápido. Ahora sí que justicia pronta y expedita porque se están tardando, pero le tengo confianza al Fiscal”, dijo el Jefe del Estado mexicano. Llamó a Gertz Manero “un hombre íntegro y recto”, pero subrayó que “están tardando en la elaboración de toda la averiguación, toda la indagatoria, la presentación de los recursos ante los jueces”.

“Ya ha pasado tiempo, sin embargo, hay esa confianza que es muy importante. La justicia tarda, pero llega. En eso confío. También que no haya venganzas, que no haya juicios sumarios, que no se inventen delitos, que todo sea de acuerdo a la ley, que se presenten pruebas, que no sea un espectáculo, lo que hacían antes”, afirmó el Presidente mexicano.

Fuente: SinEmbargo

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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