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Recibe Chihuahua el Presupuesto Federal más bajo en la historia

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La asignación para Chihuahua en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 es el más bajo en la historia, con una diferencia nominal de 2 mil 895 millones de pesos menos, en relación a lo recibido en este año que está por terminar, informó el secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, Arturo Fuentes Vélez.

El funcionario señaló que el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 se asignaron para Chihuahua 54 mil 951 millones de pesos en distintos fondos, pero para 2021, los recursos disminuyen a 52 mil 055 millones de pesos, lo que representa una variación de -8.45 por ciento.

Fuentes Vélez destacó que en la asignación de recursos para la entidad, se extinguieron fondos importantes como el del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, para Transporte para Personas con Discapacidad y el Metropolitano.

“Es preocupante porque es un presupuesto muy bajo, el más bajo de los últimos registros que tenemos desde el año 2008, en donde se reducen programas importantes para todas las familias chihuahuenses”, expresó.

Además –indicó–hay una importante disminución de las participaciones federales, que afectará tanto a las finanzas estatales como a las municipales y limitará la capacidad de ofrecer servicios, obra pública e inversión en infraestructura.

“Por eso nos preocupa el sentido de la votación de los diputados federales por Chihuahua, que no en todos los casos apoyaron al Estado, buscando recursos adicionales”, dijo el secretario.

Con relación a los programas que el recorte federal dejó en ceros, dijo que uno de ellos es el rubro de becas, de manera que el Gobierno del Estado lo priorizará en cuanto a la asignación de recursos para mantenerlo.

Advirtió que el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, sí es “una preocupación particular, porque permitía que niñas y niños permanecieran en las escuelas unas horas después de terminado el turno escolar, incluso que ahí tuvieran sus alimentos, realizaran sus tareas y fueran recogidos por los padres de familia, por ahí de las 4:00 o 5:00 de la tarde”.

Arturo Fuentes Vélez destacó que este año las entidades federativas asignaron recursos propios, no presupuestados para atender la contingencia sanitaria y ayudar a la población con programas emergentes de apoyo al empleo y a la economía familiar “y no hemos recibido alivio del Gobierno Federal”.

Fuentes Vélez recordó que el Ejercicio 2021, es el último año de la actual administración y concluye en septiembre, de tal manera que frente a un escenario de estrechez económica, todo gobierno deberá ser muy eficiente en el uso de los recursos públicos.

“En función de eso, las dependencias están revisando sus programas y presupuestos para incluir solo aquellas obras y acciones que puedan concluirse, para no dejar nada a medias, y que toda obra pública que se inicie el próximo año, sea obra pública que se concluya”, afirmó el secretario.

Consideró que otra limitante financiera será la contratación de créditos de corto plazo, pues todos los ya adquiridos deberán de estar liquidados antes de concluir la administración y no se podrán contratar más durante los últimos tres meses.

Ante ello, en las últimas semanas las y los titulares de las diferentes Secretarías se han reunido con el gobernador Javier Corral Jurado, para poder completar el armado del paquete presupuestal para 2121, con la Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto que deberán estar en el Congreso del Estado a más tardar el 30 de noviembre, explicó.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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