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La defensa del Chapo pide el mismo trato que dieron al general Cienfuegos

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Confinado en una soledad casi total, en la celda más distante y oscura de la cárcel de máxima seguridad Súpermax, en Florence, Colorado, Joaquín el “Chapo” Guzmán pasa los días en espera de una nueva oportunidad para demostrar que no tuvo un juicio justo. Esta vez, esa nueva “oportunidad” se llama Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa de México.

La repentina liberación del Jefe del Ejército mexicano en la última administración del PRI (2012-2018), y quien vivía preso en Estados Unidos desde mediados de octubre, habría sido el motivo principal para que la defensa del capo sinaloense pretendiera solicitar nuevamente el regreso de su cliente a territorio mexicano.

“Nosotros le vamos a mandar una carta (al presidente Donald Trump) la semana que entra, a fin de que recapacite y regrese al Chapo Guzmán, en virtud de que lo tiene detenido ilegalmente, y esperamos que arrepienta como en el caso de Cienfuegos, el general, y que lo regrese. De lo contrario, nosotros el 21 de enero estaremos demandando al presidente Trump por daños y prejuicios”, especificó José Luis González Meza, abogado del Chapo a Milenio.

Un día después de la detención de Cienfuegos Zepeda, en Los Ángeles, Estados Unidos, el pasado 15 de octubre, el gobierno mexicano mostró su descontento por las acciones de la justicia estadounidense quien, sin notificarle, tenía una investigación en contra del general desde 2019.

Entonces, el propio Andrés Manuel López Obrador anunció una inminente investigación judicial en México por vía de la Fiscalía General de la República. Algo que no ha sucedido (todavía) en relación con el caso del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna (2006-2012), cuyas acusaciones avanzan únicamente en los tribunales de Nueva York.

El canciller Marcelo Ebrard señaló que los actos delictivos que se le imputan a Cienfuegos se cometieron en México “¿por qué tienen que ser juzgados en el extranjero?” Esta situación, sostuvo, es diferente a la de García Luna —también acusado de narcotráfico —y a la de una larga lista de criminales extraditados a EEUU, como Guzmán Loera, pues sus delitos también perjudicaron a la Unión Americana.

Este miércoles, el general Salvador Cienfuegos ha aterrizado en México después de que Estados Unidos retirara cargos en su contra por narcotráfico y lavado de dinero.

La oficina de la Fiscalía en el distrito este de Nueva York lo acusó de conspirar para traficar heroína, cocaína, marihuana y metanfetamina. El Departamento de Justicia de EEUU había dicho en un escrito al juez que Cienfuegos no podía quedar en libertad condicional por el altísimo riesgo de fuga que representa, pero finalmente ha sido liberado y enviado a México por esas autoridades.

El pasado 4 de septiembre el pasado 4 de septiembre, la defensa del “Chapo” presentó una moción de 245 páginas ante el Segundo Circuito del Tribunal de Apelaciones para que el veredicto del juez Brian Cogan fuera anulado y tuviera un nuevo juicio.

William Purpura, uno de los abogados de Guzmán Loera, dijo que la simple petición era viable, luego de probarse que entre cuatro y cinco miembros del jurado leían en internet noticias sobre el Chapo, incluyendo testimonios de criminales diciendo que el acusado traía adolescentes de Colombia para abusar de ellas, o bien qué había matado a un sinnúmero de personas.

“Cuando tienes un jurado que hace eso, influye para que los miembros del jurado sean sumamente prejuiciosos, pues es información sin corroborar e inadmisible, y sólo por eso el juicio debe repetirse”, dijo Purpura, en entrevista con el semanario Ríodoce.

Política

Deudas electorales alcanzan a jueces y magistrados en el Distrito Bravos

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Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.

La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.

En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.

En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.

En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.

En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.

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